viernes Ť 30 Ť noviembre Ť 2001

Luis Javier Garrido

El pasado

Los intereses que han gobernado a México en los últimos sexenios prevalecen en el país con Vicente Fox, y por ello no hay confianza alguna en que el "nuevo gobierno" vaya a esclarecer los crímenes del pasado reciente.

1. La tardía decisión de Fox, a un año de haber llegado a Los Pinos, de que se investiguen algunos crímenes del pasado, anunciada en el antiguo Palacio de Lecumberri luego de oír un reporte del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos -CNDH- (27 de noviembre), no ha despertado ninguna confianza, a pesar de la legítima esperanza que alientan los familiares de muchos de los desaparecidos en el último cuarto de siglo y de la atención con la que se ha seguido la iniciativa.

2. La desconfianza social se ve fortalecida por el deficiente y amañado informe de José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, y sus recomendaciones al Ejecutivo, ya que el mismo no representa investigación alguna y no hace más que repetir la información que hasta la saciedad se ha publicado en la prensa, pretendiendo que los responsables de los crímenes del pasado son algunos agentes policiales y oficiales del Ejército, buena parte de los cuales están ya detenidos, han fallecido o se hallan desaparecidos.

3. Vicente Fox se ha negado durante doce meses a aceptar una real transición política, no ha querido destruir el aparato financiero y burocrático del narco Estado, se ha opuesto a desmantelar el aparato corporativo del antiguo régimen y a someter al priísmo a la legalidad, no quiere anteponer los derechos de la nación y de las comunidades a los privilegios de los empresarios, y a nadie se esconde que en múltiples ocasiones se ha pronunciado por que haya "perdón" y "olvido" para los crímenes del pasado, como en España o en Chile (que son su referente), de ahí la desconfianza que suscita ahora.

4. La guerra sucia que se ha librado desde el poder contra los mexicanos, tanto a lo largo del antiguo como de este nuevo régimen, se ha llevado a cabo a través de a) las fuerzas armadas, b) la Policía Judicial Federal y otros cuerpos policiacos federales y locales, así como de c) los grupos paramilitares, y por lo mismo carece de credibilidad una investigación puesta en manos de un mando militar, como es el caso del actual titular de la Produraduría General de la República (PGR), general Rafael Macedo de la Concha, a quien se ha señalado por encubrir a miembros del Ejército en este sexenio y por su colusión en el encarcelamiento del general José Francisco Gallardo.

5. La confianza que se tiene en este gobierno de continuismo es muy poca, y el hecho de que esté encubriendo a salinistas y zedillistas no es ajeno a ello. El problema no es, por lo tanto, que Fox haya optado porque la PGR investigue, como propuso Santiago Creel escudándose en el legalismo (del antiguo régimen), sobre la propuesta de Jorge Castañeda, que sugería crear, como en Sudáfrica, una comisión de la verdad, creyendo que un grupo de dóciles académicos y empresarios podría legitimar mejor el carpetazo que Fox pretende dar al pasado.

6. La iniciativa de Fox carece de credibilidad en todo, y en particular cuando el propio Ejecutivo se arroga el derecho de establecer por decreto el periodo que se va a investigar, que según él debe ser el de "los años setenta", pretendiéndose así que fue durante esa época que se cometieron las exacciones, acotándose de tal suerte la búsqueda de responsables a los sexenios de Díaz Ordaz, de Echeverría, de López Portillo, los últimos presidentes populistas, y de De la Madrid, con lo que se exoneran de antemano los ilícitos cometidos durante los gobiernos de Salinas, de Zedillo y del propio Fox.

7. La iniciativa oficial deja de tal manera fuera de toda posible investigación una serie de delitos imputables a las autoridades y que son de muy diversa índole: desde el homicidio de Rubén Jaramillo en los años de López Mateos (1962) hasta el de Digna Ochoa en el sexenio foxista (2001), de la misma manera que no se busca esclarecer una serie de crímenes de Estado que agraviaron profundamente a los mexicanos en los años de la tecnología priísta y ahora de los tecnoempresarios foxianos: el periodo de mayor criminalidad de Estado y de impunidad en la historia mexicana, durante el que siguió practicándose la tortura y habiendo múltiples desapariciones, homicidios y matanzas genocidas, de Aguas Blancas a Acteal.

8. ¿Por qué habría que limitar los crímenes de Estado a "los actos de tortura y desapariciones por motivos políticos", como dijo Fox? ¿Qué acaso las matanzas genocidas, los delitos patrimoniales contra la nación o la reconversión del Estado mexicano en un narcoEstado, proceso del cual Fox aparece ahora como encubridor, no han lesionado también profundamente a los mexicanos y aparecen como un escollo para alcanzar la concordia nacional?

9. Una investigación que de antemano decida excluir al sexenio de Vicente Fox, en el que han proseguido las desapariciones, los crímenes políticos y todo género de ilícitos contra la nación, no puede tener la confianza de los mexicanos, pues aparece como simple manipulación política que, ya se está viendo, parece destinada a distraer la atención ante la gravedad de la crisis económica y social, a presionar al sector más duro del priísmo para que acepte la reforma fiscal y el presupuesto y sobre todo, a aparentar una "transición" para legitimar al gobierno foxista como lo que no es: un gobierno de cambio.

10. El presente régimen, que Fox pretende diferente, no es sino prolongación del antiguo, y por ello urge un quiebre histórico impulsado desde la sociedad, ya que la simulación del cambio no está haciendo más que envilecer el futuro.