viernes Ť 30 Ť noviembre Ť 2001

Horacio Labastida

Crimen de Estado

Con la excepción de la muy respetable opinión de Rosario Ibarra de Piedra y el Comité Eureka, hay un generalizado consenso entre distinguidos defensores de los derechos humanos. Las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presidida por el jurisconsulto José Luis Soberanes, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, connotan hechos esperanzadores en la desconsoladora relación de crímenes auspiciados por la alta burocracia, al abusar del poder que la sociedad encomendó al Estado.

En los documentos que el doctor Soberanes entregó al presidente Fox, se reconoce oficialmente que en México se han cometido crímenes de Estado y se abre la posibilidad de investigarlos, accediendo a la voluntad del pueblo. Y en torno de este acontecimiento que acredita la limpieza del presidente de la CNDH, traeremos a cuento la sombría atmósfera de la delincuencia oficial que se ha practicado desde el final de la tiranía porfiriana.

1906 y 1907 están vivos en la conciencia actual. Los mineros de Cananea fueron masacrados por tropas mexicanas y rangers estadunidenses, en respuesta a su solicitud de mejores condiciones de trabajo, orgía de sangre olvidada en los archivos al igual que sucedió con las masas diezmadas por los militares, en Río Blanco, después del arbitraje tramposo de Porfirio Díaz, en respuesta a la buena fe de los sindicatos textileros de la época. La masacre incluyó por igual a líderes de los trabajadores, sus familiares y amigos, y la persecución fue prolongada por largo tiempo hasta descabezar las directivas laborales forjadas en las doctrinas floresmagonistas.

Concluida la Revolución se reactivaron los escenarios criminales. En 1916, el primer jefe Carranza balaceó a quienes rechazaban el pago de salarios con bilimbiques devaluados y declaró que el paro proletario sería castigado con la pena de muerte, y apenas cuatro años adelante, en Tlaxcalantongo, resultó acribillado dicho jefe por los aguaprietistas, con motivo de su oposición al militarismo de Alvaro Obregón, en cuyo gobierno fue brutalmente muerto Francisco Villa, en Chihuahua (1923), un cuatrienio luego de la traición de Chinameca, encubierta por El Varón de Cuatrociénegas. Desde entonces el pueblo está al lado del inmortal Emiliano Zapata. Y por hablar en la tribuna del Senado contra los Tratados de Bucareli, suscritos en 1923, que paralizaron de facto la aplicación del artículo 27 constitucional a las compañías petroleras y a los latifundistas estadunidenses, el legislador Field Jurado fue victimado por esbirros del gobierno. Calles organizaría los dramas de Huitzilac y Topilejo, tumbas de opositores a los intereses del poder. Los vasconcelistas soñaron en la redención de México y por eso el Jefe Máximo ordenó su encarcelamiento y sepultura en las serranías del Ajusco (1929).

Nada detuvo la acción criminal de los gobiernos. Sin anotar las múltiples desapariciones y torturas en los estados de la República y en la capital, la serie de martirios, aflicciones y sacrificios es aperplejante.

Cuando Manuel Avila Camacho ocupó Los Pinos, la protesta pacifista de quienes manejaban las fábricas de armas fue reprimida por guardias presidenciales (1941), y en el alemanismo el charrazo anegó de sangre a los ferrocarrileros del mismo modo que sucedería en 1959, cuando los hombres del riel pretendieron conquistar y afirmar su libertad ciudadana y sindical.

López Mateos carga hasta el presente con el terrible crimen de Rubén Jaramillo (1962) y dolorosos acorralamientos de telegrafistas y petroleros, así como el encarcelamiento de Alfaro Siqueiros, Filomeno Mata hijo, Othón Salazar y Arnoldo Martínez Verdugo, acusados de disolución social; y muy pronto vendría el genocidio de 1968 y los tiempos condenables de la guerra sucia, en los años setenta, y principios de los ochenta, aunque los pecados capitales continuarían su bochornoso desfile. Manuel Buendía expiró en un estacionamiento de Insurgentes (1984), cientos de perredistas han perdido la vida desde la lucha electoral de 1988, Luis Donaldo Colosio cayó en Lomas Taurinas (1994), y el mundo contemplaría horrorizado los genocidios de zapatistas chiapanecos en los años de Zedillo. ƑY los responsables? Sólo gentes menores se han enfrentado a la justicia y muchos están libres y coleando.

Lo dicho es poco frente a la realidad, y sin hacer a un lado el Estado criminal de Victoriano Huerta y la noble y heroica muerte del senador Belisario Domínguez (1913), el crimen de Estado en México es parte de las historias más negras de la humanidad. Pero hay cierto optimismo.

Todos deseamos que en los hechos florezcan las semillas purificadoras que ha sembrado la CNDH. El primer paso está dado en los términos expresados por Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (La Jornada, no. 6196, p. 6), y lo trascendental, o sea el encuentro con la verdad, se halla sin duda en el futuro inmediato.