VIERNES Ť 30 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť De última hora, el PRI intentó modificarlas
Aprobó el Senado reformas que intentan frenar la corrupción
Ť Se aplicarían dentro del gobierno y organismos autónomos
ANDREA BECERRIL
En medio de una fuerte discusión en la que el PRI intentó de última hora modificar el articulado de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos por considerar que la nueva disposición atenta contra el secreto bancario y el orden constitucional, el Senado aprobó ayer las reformas que intentan frenar la corrupción dentro del gobierno federal y organismos autónomos.
Al PRI le faltaron 9 votos para echar abajo la fracción 4a. del artículo 16 y el artículo 43 del citado ordenamiento, dado el ausentismo de sus legisladores en el último tramo de la sesión, por lo que pese a sus objeciones en lo particular PAN, PRD y Verde Ecologista aprobaron la minuta que pasará al Ejecutivo para su promulgación.
Aunque el tema ya estaba discutido, desde temprano los priístas comenzaron a cabildear para diferir la discusión al detectar contradicciones legislativas entre el nuevo ordenamiento y el marco constitucional. Sin embargo, el tema fue llevado a tribuna por el PAN con el respaldo de los otros grupos parlamentarios.
De acuerdo con el dictamen, por lo que toca a la excepción al secreto bancario -contenido en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito- se otorga a la Secodam la facultad de solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la salvedad de que sólo podrán hacerlo el secretario o los subsecretarios para evitar un abuso.
Tocó al panista Javier Corral argumentar a favor del dictamen. Ponderó la división lograda entre una ley específica de responsabilidad de los servidores públicos y una norma general.
A nombre del PAN, como partido en el gobierno, ofreció que "este será un gran instrumento que compruebe, en los hechos, lo que durante tanto tiempo se ha dicho en las palabras y en los discursos. Nuestro compromiso en el combate a la corrupción y en desvincularnos del pasado".
Bajo la argumentación de que habría que dar tiempo para analizar más a fondo la minuta, al haberse detectado serios problemas jurídicos, el priísta Antonio García Torres resaltó la responsabilidad del Senado como cámara revisora.
Impugnó entonces la disposición concerniente a la excepción al secreto bancario. Recordó que la información se puede entregar sólo a los interesados, por mandato de autoridad judicial, juicio previo o a las autoridades fiscales, pero la Secodam no cae en ninguno de esos supuestos.
En cuanto al embargo precautorio, hizo notar que la Constitución establece que nadie puede ser molestado en sus derechos, posesiones, propiedades, papeles o domicilio si no es mediante juicio previamente establecido en tribunales y aquí la Secodam tampoco tiene carácter de tribunal.
El panista Fauzi Hamdan reviró la argumentación tricolor y desplegando sus conocimientos de abogado de banqueros y casas de bolsa resaltó que los embargos precautorios ya existen en materia fiscal y en juicios interparticulares.
Diría que con mayor razón debe aplicarse tratándose de la responsabilidad de los servidores públicos, que podrían sustraerse a la acción de la justicia "y eso, vis á vis, se llama impunidad".
Aunque los priístas intentaron modificar el articulado, como ha ocurrido con frecuencia en las últimas sesiones, varios se ausentaron del salón de plenos al momento de votar y perdieron, por lo que la Ley de Responsabilidades Administrativas, y la reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de Coordinación Fiscal se aprobaron con 100 votos en lo general y 54 a favor del PAN, PRD y PVEM con 46 en contra de la fracción 4a. de los artículos 16 y 43 del Revolucionario Institucional.