VIERNES Ť 30 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Plantean que se incluya en el acuerdo con la UE

Piden ONG crear grupo que vigile el respeto a los derechos humanos

ROSA ROJAS

Por considerar que el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea (Acuerdo Global) reproduce el mismo esquema de intercambio desigual del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica "y no considera las grandes asimetrías entre los niveles de desarrollo económico y social de las partes", representantes de casi 50 organizaciones sociales y civiles de México y la Unión Europea (UE) propusieron la creación de un observatorio social transfronterizo para vigilar que en su aplicación se respeten los derechos humanos y el medio ambiente.

Al término de un encuentro de tres días en el que participaron 50 mexicanos y 35 europeos, en las conclusiones de las mesas de trabajo se planteó la necesidad de reforzar los movimientos sociales, civiles, sindicales, campesinos, indígenas, de mujeres, medioambientales, cooperativos, de micro, pequeñas y medianas empresas, estudiantiles y de derechos humanos, así como internacionales, armando estrategias de comunicación y cabildeo, pero también de presión sobre los gobiernos y las empresas. Incluso se planteó, por ejemplo, boicotear los productos de maquiladoras europeas que violen los derechos humanos y laborales de trabajadores mexicanos.

Se emitió además una declaración en la que se advierte que el Acuerdo Global tiene todos los ingredientes para que en México se acentúe la pérdida de la soberanía nacional, "ya que en su forma actual generará la inestabilidad del crecimiento económico, la vulnerabilidad financiera y cambiaria, la ampliación de las desigualdades regionales, sectoriales y productivas, la concentración de la riqueza y el ingreso, el deterioro del medio ambiente, de las condiciones de vida y trabajo de la población, y agravará la dependencia alimentaria y la desigualdad de género".

El texto -que será entregado este viernes a la Cámara de Senadores durante un foro público organizado por la Comisión de Desarrollo Social sobre el Acuerdo Global y el Tratado de Libre Comercio entre la UE y México- afirma que dichos instrumentos se firmaron sin que hubiera participación ni consulta alguna con las organizaciones sociales y civiles de México y de Europa, a pesar de que durante más de cuatro años trabajaron en la elaboración y presentación de propuestas concretas. "A un año de entrada en vigor del Acuerdo Global, los gobiernos siguen sin propiciar la participación real de estas organizaciones.

"Nos preocupa que el Acuerdo Global refuerce y profundice las bases para que se extiendan los procesos de privatización del agua, los servicios de salud, la educación, la energía y demás servicios básicos, afectando así los derechos humanos (económicos, sociales, culturales y por ende civiles y políticos) de los pueblos de México y de Europa. El modelo de intercambio comercial y de apertura indiscriminada a las inversiones reproduce el modelo del fallido Acuerdo Multilateral para las Inversiones, ocasionando una progresiva baja de los estándares laborales y ambientales en nuestros países. Este proceso de globalización económica atenta contra la subsidiaridad, que en la Unión Europea ha sido la base del concepto de democracia", afirman.

Expresan que la claúsula democrática incluida en el Acuerdo Global "no será mas que un enunciado retórico" si no se implementan mecanismos concretos para hacerla efectiva, además de que dicho acuerdo viola la Constitución mexicana "ya que establece un consejo conjunto, conformado tan sólo por los poderes ejecutivos, que está encargado de completar y profundizar el acuerdo sin que se incluya en el proceso la necesaria ratificación y conversión en ley por parte del Senado de la República".

Llaman a los gobiernos a propiciar y promover consultas amplias respecto de los posibles impactos del Acuerdo Global entre los sectores productivos y de población tanto en México como en Europa, así como proponer alternativas conjuntas para instrumentar un modelo de desarrollo que propicie la equidad y la igualdad de etnia y de género, basado en la participación democrática. Asimismo, convocan a que se den pasos efectivos para ejercitar el diálogo social y que los gobiernos garanticen que se tomarán en cuenta las evaluaciones y monitoreos realizados por organismos independientes.

En la discusión en la mesa sobre derechos humanos y la cláusula democrática, se planteó que en México, pese a la alternancia, persiste la impunidad en casos como la masacre de El Charco, y el incumplimiento de tratados y pactos internacionales. Citaron como ejemplo la negativa a cumplir la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se libere al general Gallardo y la violación del convenio 169 de la OIT al reformarse la Constitución en materia indígena.

Por otra parte, se criticó la violación de los derechos de los migrantes en Europa, y se exigió "que nuestros derechos civiles y políticos no sean violentados por las medidas gubernamentales de coacción bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo y la tendencia a descalificar y aun penalizar las acciones de la sociedad civil".

Entre las organizaciones participantes estuvieron las de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Equipo Pueblo, Iniciativa de Copenhague para América Central y México, Centro Nuevo Modelo de Desarrollo de Italia, Comité de Concertación sobre Desarrollo Sostenible de Bélgica, el Sindicato de la Compañía de Electricidad de Francia, Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia de Alemania, y del Instituto Transnacional de los Países Bajos.