VIERNES Ť 30 Ť NOVIEMBRE Ť 2001

Ť Existen "obstáculos técnicos" para ejercitar la acción penal, señala Fix-Zamudio

Valadés: si han prescrito delitos de la guerra sucia, debe acatarse lo que la ley establece

Ť Burgoa Orihuela califica la nueva fiscalía especial como un "resultado demagógico"

JOSE ANTONIO ROMAN

Con el conocimiento de que algunos delitos cometidos en la llamada guerra sucia y las desapariciones forzadas pudieran haber prescrito, el jurista Diego Valadés advirtió que en ningún caso se puede hacer una excepción para castigar a los culpables. "Donde haya delitos prescritos no tenemos más remedio que aceptar lo que la ley establece. En ningún caso podemos plantear que para cumplir el fin del derecho, que es hacer justicia, ésta se haga atropellando al derecho y, por ende, a la justicia misma", sostuvo.

Entrevistado luego de recibir, junto con otros destacados juristas mexicanos, un reconocimiento a su labor por parte de la embajada de Nicaragua, aclaró que una eventual prescripción sólo podrá ser determinada con la investigación ulterior, si es que no la ha realizado la propia Comisión Nacional de Dere- chos Humanos, lo que en lo personal desconoce.

Interesado en el tema de la recomendación que la CNDH hiciera al presidente Vicente Fox para investigar y sancionar las desapariciones de los setenta y parte de los ochenta, así como la decisión presidencial de crear una fiscalía especial para este caso, el ex procurador general de la República no prejuzga lo que pudiera ocurrir con las investigaciones de la fiscalía especial.

-Pero si esa fiscalía tiene la limitación de los delitos prescritos, Ƒqué utilidad tendría si finalmente se va a dejar con un dejo de insatisfacción a los demandantes y a la sociedad?

-Creo que no debemos anticiparnos al punto de prever o dictaminar cuáles van a ser los resultados, esperemos, vamos avanzando. Lo que no podemos hacer es prejuzgar acerca de lo que se va a resolver ni tampoco podemos hacer algo peor, que es erigirnos nosotros, como sociedad, en un tribunal, y sin más trámite condenar a quienes son o pueden ser considerados como culpables.

"Evidentemente hay que proceder conforme a derecho en todos los casos, eso es indiscutible, eso no está sujeto a una opinión ni a una posición personal ni a una declaración retórica. La ley es la ley y debe aplicarse en todos los casos".

Valadés destacó que lo "verdaderamente importante, más allá de esclarecer los hechos indignantes de esa época, es que los mexicanos estamos en un proceso de vivir en pleno estado de derecho. Creo que aquí todos tendremos que reconocer que la evolución del país ha sido de tal manera importante que hoy podemos ventilar este tipo de asuntos, que resultan muy dolorosos para el país, de una manera franca y abierta, y de que existen instancias jurídicas que pueden atenderlos y resolverlos".

Señaló que independientemente de los resultados a los que se lleguen con la investigación y la fiscalía especial, lo que cuenta es que toda la sociedad esté involucrada en el esclarecimiento de la verdad de aquellos hechos, y que todos los mexicanos estemos preocupados por que nunca más vuelva a ocurrir un episodio, uno solo, que pueda afectar la integridad de un ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos.

Accesible a la prensa, antes de abordar su vehículo el jurista se refirió también al "trabajo, constancia y compromiso ejemplar de muchos mexicanos, y particularmente de muchas mexicanas, que durante décadas clamaron por justicia, que siguen haciéndolo, pero que por muchos años no se les escuchó y que ahora sí se les atiende".

"Este es un cambio cualitativo de la sociedad mexicana que vale la pena tener muy presente, y que vale la pena, uno, reconocer a los que protagonizaron ese cambio, que fueron los y las integrantes de ese grupo, y, segundo, que tenemos instituciones que pueden dar ya, en este momento, una respuesta tal vez no plenamente satisfactoria, pero ya es una respuesta propia de un estado de derecho", dijo Valadés.

Reserva en los juicios

Por su parte, Héctor Fix-Zamudio, otro de los juristas galardonados, se mostró reacio a hablar del tema, pero señaló que en lo personal observa que habrá muchos "obstáculos técnicos" para poder ejercitar acción penal, resultado de las investigaciones, algunas de ellas por la prescripción de los delitos.

Sin embargo, quien fuera durante varios años juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró positivo que se ventilen estos casos y saber qué pasó durante esos años. Dijo que es sumamente difícil prever qué ocurrirá con las investigaciones, pues en distintos países, cuando ha habido este tipo de delitos del pasado, se han resuelto de diversas formas.

Finalmente, Ignacio Burgoa Orihuela dijo que el anuncio de crear una fiscalía especial para que investigue las desapariciones forzadas es el "resultado demagógico de una imitación extrajurídica de Estados Unidos", pues México ya cuenta con fiscalías que hemos llamado, a través de la historia, agentes del Ministerio Público especializado.

Con esta decisión del Ejecutivo, sentenció, "sólo se revela la ignorancia del señor Presidente".

El reconocimiento de la embajada nicaragüense también lo recibieron los juristas Jorge Carpizo, quien se negó a hablar del tema con el argumento de que había permanecido fuera del país durante más de un mes; Julio Menchaca Ramírez y Sergio García Ramírez, este último representado por su esposa, Carmen Valles.