VIERNES Ť 30 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Debe reconocer lo que le corresponde, señalan familiares de desaparecidos
Echeverría, principal responsable de las violaciones de derechos humanos en los 70
Ť No se deben crear falsas expectativas sobre la eventual aplicación de la justicia: CEM
El ex presidente Luis Echeverría Alvarez es el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en los años 70. No puede evadirse y "como hombre" debe reconocer lo que le corresponde, afirmaron miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México y el Comité 1968-1998.
Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la asociación, dijo que las declaraciones de Echeverría Alvarez "son un acto de cinismo". Aseguró que sólo en los años 70 hubo más de 800 casos de desapariciones forzosas y no los 200 que reportó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Aseveró que los visitadores de la CNDH omitieron información, por lo cual insistirán en la creación de una comisión de la verdad que investigue las aproximadamente mil 200 desapariciones de que tiene conocimiento en todo el país.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Episcopado Mexicano, Francisco Javier González, señaló que la recomendación de la CNDH al presidente Vicente Fox es de alabarse, pero expresó su desconfianza de que la fiscalía especial tenga éxito, debido al tiempo transcurrido y a la prescripción de algunos delitos cometidos.
Sin embargo, la acción de ventilar legalmente las "desapariciones forzadas" de los 70 tarde o temprano debía adoptarse. El presbítero pidió a la sociedad no crear demasiadas expectativas sobre la justicia y un eventual ejercicio de la acción penal contra quienes cometieron esos "crímenes", incluyendo a los ex presidentes.
Acerca de lo expresado por el ex presidente Luis Echeverría Alvarez de que el Ejército actuó con "rectitud y patriotismo en respuesta a problemas derivados de la pobreza y la marginación", Mata Montiel manifestó que el ex mandatario actuó con impunidad durante su mandato y exigirán la apertura de sus archivos personales, en particular todo lo relativo al desempeño de Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro, Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo.
Sin duda, agregó, la pobreza y la marginación en que el régimen social ha mantenido a la población y el cierre de las opciones de desarrollo la ha llevado a recurrir a la violencia a lo largo de la historia.
Comentó que la asociación que dirige ha presentado 135 denuncias por desapariciones forzosas ante la Procuraduría General de la República, de las cuales 125 ya han sido ratificadas, y se manifestó a favor de la creación de una comisión de la verdad, que no sustituiría al Ministerio Público Federal, sino que complementaría su trabajo.
Por su parte, el Comité 1968-1998, formado por ex estudiantes que participaron en los hechos del 2 de octubre, afirmó que Luis Echeverría no puede exonerarse y evadir su responsabilidad sobre los muertos y desaparecidos en su época como secretario de Gobernación con Gustavo Díaz Ordaz y en su etapa de presidente de la República.
Consideró "parcial en sus alcances" el informe de la CNDH, porque no da respuestas específicas a los aspectos de responsabilidad política e intelectual de las políticas represivas bajo examen.
Raúl Alvarez Garín, Ana Ignacia Rodríguez y Adolfo Palma afirmaron que todas las evidencias muestran que las líneas de investigación estarán dirigidas a buscar personajes menores y chivos expiatorios, y a encubrir a los verdaderos responsables, políticos e intelectuales, de las acciones represivas.
Alvarez Garín dijo que "hay cobardía" y es "lo que estamos enfrentando". Insistió en que existe "responsabilidad política fundamental del Estado que tratan de diluir. Se busca evadir la responsabilidad política de funcionarios. Las investigaciones deben ser de arriba para abajo y no al revés".
"Si Echeverría tiene el valor como político y como hombre, debe reconocer su responsabilidad en los hechos que le tocaron vivir, con subalternos como Miguel Nazar Haro. Es un mal augurio que no haya ningún ex presidente de la República señalado en las investigaciones", dijo.
En tanto, en Acapulco, Guerrero, el presidente del consejo estatal del PRI, Juan José Castro Justo, calificó de "perverso" que la CNDH intente politizar la investigación de desaparecidos en la década de los 70. "Hay fenómenos políticos y sociales que son lamentables y que se dieron en un momento, pero no tenemos que recurrir a ellos con fines de perversión", insistió. Sin embargo, se manifestó por que se deslinden responsabilidades de los ex servidores públicos priístas en los delitos de desapariciones forzadas.
En tanto, el gobernador René Juárez Cisneros se comprometió a abrir los archivos locales, brindar facilidades y cualquier información a la fiscalía especial, a fin de esclarecer los hechos ocurridos en la llamada guerra sucia.
Además, informó de la solicitud que presentó al gobierno federal para decretar una ley de amnistía que beneficie a las personas consideradas guerrilleros o presos políticos, y ofreció todo el apoyo y colaboración de su gobierno a los expertos argentinos y de la UNAM que la próxima semana exhumarán los restos de Lucio Cabañas, a petición de los familiares del ex guerrillero.
El funcionario fue entrevistado momentos antes de la inauguración del 17 Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Ahí aseguró que se proporcionará "cualquier información que se requiera para que se haga justicia; los guerrerenses no tenemos nada que ocultar". (ANGELES CRUZ, JOSE GALAN, JOSE ANTONIO ROMAN Y ELIZABETH VELASCO, Y
MISAEL HABANA, CORRESPONSAL)