miercoles Ť 28 Ť noviembre Ť 2001
Carlos Martínez García
Asuntos religiosos en el foxismo
El manejo de la religiosidad católica fue una parte importante en la campaña presidencial de Vicente Fox. Convencido de que las imágenes son un recurso de comunicación más efectivo que las palabras, ondeó el estandarte guadalupano, se fingió sorprendido cuando su hija Paulina le entregó un crucifijo en pleno escenario del Auditorio Nacional, y se dejó fotografiar la mañana de su toma de posesión arrodillado en la Basílica de Guadalupe. En sus giras proselitistas se reunió con líderes evangélicos, oró con ellos y los llamó hermanos. Al mismo tiempo que enviaba señales amistosas al Episcopado mexicano y dijo compartir plenamente lo afirmado por los altos clérigos en su teológico-político documento Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos.
En la recta final de la campaña foxista el equipo religioso, encabezado por Alberto Ortega Venzor, diseñó un decálogo que, supuestamente, sería la columna vertebral de la política de Fox Quesada en el ámbito de las religiones. Aunque se propagandizó que era fruto de un esfuerzo ecuménico, en el que habían participado en igualdad de circunstancias dirigentes católicos, evangélicos y de otros credos, la verdad fue que tanto el espíritu ideológico como la redacción recayó en el sector católico. En realidad el interlocutor buscado era la alta burocracia católica, como reflejan los puntos del decálogo que manifestaban el interés de Fox por proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural, así como abrir las escuelas públicas a la enseñanza religiosa. Al igual que en otros ámbitos, en el religioso las diez promesas de Fox se quedaron en el papel en que fueron escritas. Para quienes desde su conocimiento público las objetamos, por ser favorecedoras de una religión mayoritaria y sobre todo de sus cúpulas, y consideramos que sería muy difícil su implementación, debido al fuerte laicismo de la ciudadanía que reflejaban los distintos estudios de opinión pública, el tiempo parece habernos dado la razón. Sin embargo, no hay que descartar del todo las originales pretensiones foxistas ni subestimar las presiones clericales.
El equipo de Ortega Venzor ya consideraba que su destino sería la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. No contó con que las diferencias y jaloneos dentro de las distintas líneas al interior de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y los pareceres de Roma, que para un personaje como Fox cuentan mucho, inclinarían la designación hacia un político cercano al cardenal Norberto Rivera Carrera, alguien que, no obstante su inexperiencia en el campo y haber estado en el bando contrario al presidente electo, el PRI, logró alcanzar un espacio en el gobierno del cambio: Javier Moctezuma Barragán. Tal vez por su desconocimiento en el ámbito religioso o por agradar a quien cabildeó para que llegara al nuevo puesto, Moctezuma desmanteló el equipo de asesores que por varios años se encargó de documentar, analizar y difundir la radiografía de la pluralidad religiosa, así como de proponer políticas que normaran las expresiones religiosas teniendo en cuenta la igualdad de derechos de los distintos actores, sin privilegiar a uno de ellos. Ese equipo estuvo dirigido primero por el sociólogo Roberto Blancarte, y después por su colega Rodolfo Casillas. Ambos impulsaron los estudios, y posterior difusión, del medio religioso mexicano. La excelente revista Religiones y Sociedad, editada desde la subsecretaría por ellos, ya no existe, y la publicación de libros ha disminuido notoriamente.
En lo que respecta a intervenciones de las autoridades de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos en casos de intolerancia, el más conocido fue el del barrio de San Nicolás, en Ixmiquilpan, Hidalgo. Varios factores contribuyeron para que este caso trascendiera. Por una parte los medios, sobre todo impresos y entre ellos destacadamente La Jornada (mediante reportajes de Carlos Camacho), difundieron como nunca antes los hostigamientos a evangélicos por parte de los católicos tradicionalistas. Del otro lado los perseguidos se organizaron y recurrieron a formas de protesta que escasamente habían sido impulsadas por evangélicos, como marchas y exigencias directas a funcionarios estatales y federales. La principal falla de la subsecretaría fue tratar de negar la dimensión religiosa del conflicto, tratando de hacerlo aparecer como una cuestión de participación económica por parte de los protestantes en las festividades tradicionales del pueblo, que casualmente festejan al santo patrono del lugar cada 10 de septiembre.
Además de minimizar la oposición de los evangélicos pentecostales como asunto de conciencia religiosa, la subsecretaría trató como iguales a los agredidos y a los transgresores de ley. Enfocó el problema como si fuera cuestión de agravios mutuos, cuando era claro que una parte estaba siendo vulnerada en sus derechos religiosos y la otra violaba la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Los funcionarios federales argumentaron que el diferendo se resolvería por la vía del diálogo, pero en los meses en que éste tuvo lugar siguieron las amenazas y ataques a los derechos de la comunidad evangélica. Cuando finalmente en agosto tuvo lugar la firma de un convenio de conciliación entre protestantes y católicos tradicionalistas, a la que asistió Moctezuma, el documento dejó resquicios favorables a los hostigadores que pudieran reactivar el conflicto en San Nicolás o en otras partes de Hidalgo. De acuerdo con un dirigente evangélico esto ya está sucediendo en Ixmiquilpan. Esperamos que en los casos por venir ya no se deje espacio para la intolerancia y se hagan valer las leyes.