DOMINGO Ť 25 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Alista el PRI su propuesta, que pretende restructurar y fortalecer a la CFE
No pasará privatización de sector eléctrico: Bartlett
Ť Plantea que sea elevado a rango constitucional el derecho a recibir el servicio
ANDREA BECERRIL
En materia de energía eléctrica no pasará "ninguna aventura privatizadora, ni abierta como la propuso Ernesto Zedillo, ni disfrazada como pretende Vicente Fox", advirtió el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, Manuel Bartlett.
El legislador priísta dijo que mientras el Ejecutivo federal anuncia una y otra vez que hará llegar al Congreso una iniciativa de ley encaminada a privatizar el servicio eléctrico, sin que en realidad lo haga -ya que su pretensión es avanzar en la práctica en la entrega de esa industria a corporaciones extranjeras-, la fracción del Revolucionario Institucional tiene ya lista su propuesta para restructurar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de que incluso pueda tener presencia internacional.
El proyecto plantea mantener a esa industria nacionalizada, como un asunto de seguridad nacional, y en lugar de reducir a su mínima expresión el servicio público para generar y distribuir electricidad, "como pretenden algunos", la fracción priísta propone "darle mayor fuerza en la ley".
La propuesta de los senadores del PRI, precisó Bartlett, plantea elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad, así como la exclusividad del Estado mexicano para brindar ese servicio.
En ese documento de 36 cuartillas, que es la base para elaborar la iniciativa de ley encaminada a fortalecer y restructurar el sector eléctrico, la bancada priísta propone la independencia financiera y de gestión de la CFE y de Luz y Fuerza del Centro, a partir de la certeza de que cuentan con el potencial para crecer con recursos propios.
"Es una propuesta de restructuración con mayores ventajas y menos riesgos que la desregulación, para establecer un modelo eléctrico que garantice su autodesarrollo como servicio público y la seguridad nacional indispensable".
En una primera parte de ese proyecto, elaborado bajo la coordinación de Bartlett, se analizan los argumentos esgrimidos por la administración foxista para insistir en la necesidad de privatizar el sector, y se concluye que "son falsos problemas" ya que han magnificado la supuesta demanda de energía en los próximos años y sobredimensionado los requerimientos de inversión, tan sólo "para alarmar al Congreso y a la sociedad" y lograr así que se entregue la electricidad a inversionistas extranjeros.
El documento priísta resalta además que desde hace muchos años se ha preparado la privatización de CFE, a través de la imposición, por conducto de la Secretaría de Hacienda, de políticas de austeridad que afectan los presupuestos de gasto de inversión y gasto corriente de la paraestatal, lo que frena la construcción de nuevas obras e impide la ejecución oportuna de mantenimiento al equipo en operación.
"Esto gravita desfavorablemente en diversos aspectos, sobre todo en la consistencia de la planeación y en el descenso de los márgenes de reserva en la generación, situación que se agudizó en la administración anterior, afectando, como en ninguna otra época, la ejecución de obras del sistema eléctrico".
Se requiere por ello "la revisión del marco legal, a fin de establecer una clara separación de las finanzas de CFE y las del Estado, que actualmente se entremezclan desventajosamente con la figura de aprovechamiento". Los subsidios al consumo eléctrico deberían ser aprobados por la Cámara de Diputados y sujetarse a los criterios que la misma determine, en lugar de dejarlos al exclusivo criterio del Ejecutivo federal, como sucede actualmente.
La propuesta priísta advierte que pese a esa política encaminada a impedir la operación óptima de la CFE y de Luz y Fuerza, a través de la fijación de tarifas, la manipulación del programa de obras y el control paralizante sobre ambas empresas, México tiene un sistema de electricidad moderno y cercano a los estándares de funcionamiento alcanzados en los países industrializados.
Para fortalecer al sector eléctrico, sin necesidad de privatizarlo, los senadores del PRI proponen que en una primera etapa el gobierno federal absorba las deudas de CFE, y en ese sentido se programe el pago de su pasivo a corto plazo, que es de 27 mil 400 millones de pesos, para cubrirse en un periodo de tres años y programar la cobertura del pasivo a largo plazo -32 mil 700 millones de pesos- para pagarlo en 10 años.
Igualmente, establecer un programa "agresivo" de eliminación de usos ilícitos de la energía, que implican actualmente 5 por ciento del total de energía consumida, debido a grandes usuarios domésticos, empresas y comercios medianos que alteran los medidores para disminuir artificialmente sus consumos.
Asimismo, la propuesta priísta plantea internacionalizar la presencia de la CFE, a través de un programa eficaz de modernización y expansión de las actividades hacia otras áreas y espacios. "Es importante dar un nuevo auge a la División Internacional de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de participar como proveedor en concursos, para todo tipo de proyectos donde pueda hacer valer sus ventajas competitivas".
En ese sentido Bartlett señaló que habría que replicarle al presidente del gobierno español que en lugar de pedir la apertura del sector eléctrico mexicano, como lo hizo recientemente, abra el mercado de España, "ya que una vez restructurada y fortalecida, CFE puede participar en aquella nación europea".