Ť Buscaría desvincular el crimen de un móvil político, dicen abogadas Noriega y Zamora

Irregularidades de la PGJDF en el caso Ochoa

Ť Los errores van en detrimento de los defensores de derechos humanos, advierten

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Las abogadas Pilar Noriega y Bárbara Zamora coincidieron con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en que la procuraduría capitalina ha cometido irregularidades en las investigaciones del asesinato de Digna Ochoa, actitud que atribuyeron a incompetencia de la institución o a una intención de desvincular el crimen de un móvil político.

Un día después de que el centro de derechos humanos diera a conocer un informe denunciando anomalías en la investigación, Noriega se quejó, durante un congreso de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, de que ha habido "filtración" de información a los medios de comunicación, lo que ha servido para desviar la atención hacia otros móviles del asesinato que no tienen sustento, como es el referente a los problemas personales de Ochoa.

"Creo que hay una mezcla de incapacidad y ganas de no querer ver un móvil político, a pesar de que el procurador del Distrito Federal (Bernardo Bátiz) declaró inicialmente eso. Parece que es más fácil decir que fueron problemas personales a que fue el Ejército Mexicano, que es uno de los sospechosos que siempre se ha mencionado en el caso de Digna", afirmó la también primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Zamora, quien fue entrevistada por separado durante el acto de la ANAD, calificó como muy graves las denuncias del Centro Miguel Agustín Pro Juárez y consideró que hay incapacidad de la procuraduría capitalina o una intención de "enrarecer" la investigación.

Dijo que estos errores van en detrimento de la aplicación de la justicia y en perjuicio de los defensores de derechos humanos que han sido amenazados, porque al no aclarar el homicidio ni castigar a los culpables "estamos en una situación de peligro".

Intimidaciones contra Centro Pro

La conferencia sobre derechos humanos y el caso de Digna Ochoa, organizada por la ANAD, fue el marco para la discusión sobre las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Al responder a las preguntas de los asistentes, Noriega explicó que tanto ella como integrantes del Centro Miguel Agustín Pro Juárez han sido intimidados en sus casas por agentes que inclusive no llevan la investigación.

Describió que en días pasados le llamó un comandante que dijo saber que ella quería hacer declaraciones sobre el caso de Ocha, y le recomendó comunicarse con él por teléfono, siendo que Noriega ya había presentado su declaración y que el comandante no estaba a cargo de las indagaciones.

Aseguró que los agentes de la procuraduría capitalina han cometido tantas "torpezas" que han interrogado en varias ocasiones a las mismas personas y amenazaron a un vecino del despacho donde fue encontrado el cuerpo de la abogada con "darle toques eléctricos" si no decía la verdad, cuando Ochoa apenas tenía una semana de trabajar en ese lugar.

Consideró que es grave la publicación de una fotografía del cadáver de Ochoa, y demuestra que hay fuga de información, porque la imagen aparentemente fue tomada del expediente y es una de las pruebas periciales.

Noriega señaló que la hipótesis que coloca al Centro Miguel Agustín Pro Juárez como uno de los sospechosos no tiene fundamento, porque por más diferencias personales que Ochoa hubiera tenido con integrantes de esa organización civil, es "obvio" que eso no provocaría su homicidio.

Explicó que Digna Ochoa recientemente había recibido amenazas en su propia casa, y nadie del centro, ni la misma Noriega, sabían dónde vivía la abogada.

Por su parte, Zamora, quien trabajó con Ochoa, señaló que es muy grave que la procuraduría capitalina no esté permitiendo que el centro realice sus labores de coadyuvancia, ya que el Código Penal prevé esta figura y le da una serie de facultades a los coadyuvantes, como son proponer y realizar diligencias, hacer pruebas periciales y citar testigos.

La abogada puso en duda que la PGJDF cuente con buenos peritos en todas las disciplinas que se requieren para llegar al esclarecimiento de este homicidio, por eso consideró que debe aceptar la colaboración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ofreció enviar a un especialista internacional en esta materia.

Al mismo tiempo, señaló que el centro Miguel Agustín Pro Juárez debe asumir con más decisión su papel de coadyuvante, porque este organismo civil también tiene responsabilidad jurídica respecto a cómo se están llevando las investigaciones.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en este caso, Víctor Brenes, secretario particular del presidente del organismo, aseguró que han estado al pendiente de las indagaciones dentro de los límites establecidos por la procuraduría.

Aseguró que Bernardo Bátiz tiene voluntad política para resolver el caso, pero consideró muy complejo que en poco más de un mes se puedan tener los resultados esperados.

Refirió que la mayor preocupación de la CDHDF es que por la premura se haga una investigación sin seriedad profesional y que por ese motivo se puedan crear culpables.