MARTES Ť 13 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Revisarán en Washington casos como Aguas Blancas y de militares detenidos
ONG presentan ante la CIDH reporte sobre derechos
VICTOR BALLINAS
Este miércoles las organizaciones no gubernamentales Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Red Nacional de Organismos de derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Acción de Cristianos contra la Tortura, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y AFADEM presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, en el que apuntan "que actualmente se vive un retroceso en esos derechos".
La intervención de las organizaciones de defensa de los derechos humanos se dará en el marco de las sesiones ordinarias de la CIDH, en la que está programada para el míercoles 14 de este mes, una reunión sobre situación general de los derechos humanos en México, y la situación de los defensores.
También se analizará la situación de los derechos de los pueblos indígenas. Participarán organizaciones de derechos humanos que analizarán la situación indígena en el país. El jueves se revisarán avances de los casos que en julio pasado estudiaron en México el presidente de la CIDH, Claudio Grossman, las organizaciones peticionarias y el gobiero mexicano para evaluar si hubo avance y cumplimiento en los compromisos aceptados por el gobierno en esa ocasión.
El viernes 16 se celebrará una sesión especial para analizar el caso del asesinato de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, así como las amenazas a los defensores mexicanos.
Organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, presentarán una propuesta para que el gobierno mexicano integre una comisión de la verdad que investigue los crímenes y abusos de gobiernos priístas y entregue sus conclusiones de la investigación al Ministerio Público para que los procesos legales correspondientes.
Entre otros se revisarán los casos del general José Francisco Gallardo, el del teniente Miguel Orlando Muñoz, ejido Morelia, Pedro Peredo Valderrama y Aguas Blancas.
El caso del general Gallardo cuenta con el informe de la CIDH 43/96, que recomienda al Estado Mexicano "se libere inmediatamente al militar Gallardo; se tomen las medidas necesarias para que cese la campaña de persecución, difamación y hostigamiento en su contra, y se investigue y sancione a los responsables de dicha campaña de persecución difamación y hostigamiento".
La Comisión Mexicana, uno de los peticionarios ante la CIDH, recuerda que el general fue privado de su libertad a raíz de la publicación de una propuesta para crear un ombudsman militar, se le abrieron 15 averiguaciones previas y ocho casos penales.
En el caso del teniente Miguel Orlando Muñoz, éste desapareció el 8 dde mayo de 1993 de las instalaciones del 26 batallón del Ejército en ciudad Juárez, Chihuahua, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
En el caso del ejido Morelia tres personas fueron en contradas muertas en el municipio de Altamirano, Chiapas, con signos de haber sido ejecutadas, al parecer por militares. La CIDH emitió el informe 48/97, que incluye recomendaciones como la realización de una investigación rápida, efectiva e imparcial, ejercer acciones penales correspondientes y la reparación d elos daños a familiares.
Pedro Pereda Valderrama. El 20 de diciembre fue privado de su vida, en la localidad de Xochimilco, Distrito Federal "por sujetos que gozaron del encubrimiento de las autoridades judiciales, pues los responsables de este asesinato eran sobrinos de un diputado priísta. La CIDH emitió el informe 3/00, que recomienda: "Investigar de manera completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores, y del hostigamiento sufrido posteriormente por su familia; investigar de manera completa, imparcial y efectiva, para determinar si hay hechos de encubrimiento y delitos contra la administración de justicia, y en su caso aplicar sanciones penales, administrativas y disciplinarias que correspondan, y reparar adecuadamente a los familiares por las violaciones a derechos humanos".