Señora directora: Por medio de la presente, nosotros los Verdes franceses, expresamos nuestra profunda emoción e indignación por el asesinato de Digna Ochoa.

Nos reconociamos en el compromiso con los derechos humanos de esta famosa abogada mexicana, quien trabajaba para el CDH Miguel Agustín Pro Juárez. Admiramos su infatigable determinación de luchar por la justicia y en favor de los presos políticos.

En 1996, Amnistía International hizo un llamado mundial para presionar al gobierno mexicano y garantizar la integridad de la defensora de derechos humanos, luego de las numerosas amenazas de muerte que había recibido.

En agosto de 1999 fue rehén e interrogada en su domicilio por dos agentes de la inteligencia militar, quienes intentaron matarla, dejándola con un tanque de gas abierto. Después de haberse refugiado en Estados Unidos, Digna Ochoa regresó a México para trabajar en la defensa jurídica de presos políticos.

Este nuevo asesinato demuestra que en 2001, a pesar de la alternancia, no existe real libertad de expresión en México, se sigue trabajando con los mismos métodos de la dictadura del PRI, y que los defensores de los derechos humanos hoy día, como ayer, siguen expuestos a la terrible violencia de sus adversarios.

Denunciamos, por lo tanto, con fuerza a los responsables políticos y otros que no hicieron todo lo posible para protegerla de sus asesinos.

Pedimos al gobierno mexicano que haga todo para encontrar y condenar a los responsables y a los ejecutantes e igualmente, le solicitamos tomar las medidas necesarias en para impedir que nuevos crímenes de ese tipo se reproduzcan.

La Comisión Trasnacional de los Verdes Franceses. Clarissa Carrillo, Patrick Farbiaz, Odile Verdure-Labeille y más firmas

Preocupación de padres de familia por alumnos 

Señora directora: Le pedimos publique esta carta dirigida al rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente; al director de la Facultad de Derecho, Lic. Fernando Serrano Migallón; a la comunidad universitaria; a los estudiantes de educación superior y a los padres de familia.

Los padres de familia nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación por las agresiones que han sufrido los estudiantes de la Facultad de Derecho, en particular, los grupos organizados que ocupan los cubículos D-201 y D-301 con la actitud de negligencia o complicidad que han tomado las autoridades en contra de nuestros hijos, al solapar la actuación de porros golpeadores que han lesionado a varios estudiantes; nuestros hijos no cometen delito alguno al estar apoyando a la comunidad estudiantil, puesto que se busca otorgar apoyos académicos y técnicos a los estudiantes de la Facultad de Derecho.

Sin embargo, por las actividades que llevan, han sido enviados al Tribunal Universitario, ilegítimo, puesto que el artículo 13 de la Constitución señala que están prohibidos los tribunales especiales; inventando una serie de mentiras y poniendo en práctica violaciones a sus derechos, que los ha dejado en estado de indefensión al manipular los horarios y días de compilación de pruebas, así vulneran sus garantías individuales señaladas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Con ello trasgreden el derecho de audiencia y por si fuera poco los agresores de nuestros hijos son miembros del tribunal que se encargará de juzgar y establecer las sanciones, es decir son juez y parte. Lo más grave es que los porros fueron en dos ocasiones (existen pruebas fotográficas y de video que lo demuestran) a los cubículos citados a golpear, así como destruir el mobiliario y equipo con que se cuenta, todo ello con la complicidad de las autoridades de la Facultad, ya sea por omisión o por comisión.

Es obvio que por las acciones antes descritas, el tribunal se vio obligado a corregir sobre la marcha el procedimiento, incluso ampliando plazos para la presentación de pruebas, puesto que con la forma sumaria de producir, quedó al descubierto lo que se hace contra nuestros hijos, pero también facilitando el acceso a otros recursos jurídicos que es evidente que no les conviene que se inicien.

Exigimos que se combata a las autoridades que promueven el porrismo, puesto que sus fines son perjudiciales para la vida de la UNAM, ya que históricamente los recursos con los que financian estos grupos son parte del presupuesto de la institución y finalmente son recursos públicos, que de ninguna manera pueden aplicar para promoverse políticamente o de ninguna otra forma.

Finalmente queremos hacer un llamado a todos los padres de familia, trabajadores y profesores, tanto de la UNAM como del IPN y de la UAM a que hagamos un frente común en defensa de la educación pública y gratuita, como lo establece la carta magna, y a luchar y estar prevenidos contra la embestida neoliberal que sufre la educación pública, que en su proyecto por cumplir los requerimientos del FMI y del Banco Mundial quieren privatizar a toda costa la educación con un congreso universitario a modo, que permita tomar estas determinaciones en el caso de la UNAM o una Ley Orgánica que dé margen para excluir a los que menos tienen, en el caso del IPN, o bien a través de una elección de rector que materialice estas necesidades del gobierno y su sistema, en el caso de la UAM.

Firmas de padres de familia de la Facultad de Derecho: Marisela Espino Salgado, J. Guadalupe Cortes Herrera, y 10 firmas más 

Denuncia malos tratos de servidora pública

Señora directora: El domingo 4 de noviembre fui invitada a la exposición de la colectiva La ira del silencio, en el ex convento del Desierto de los Leones. La inauguración, programada a las 10:30 horas no tuvo lugar sino hasta las 11:10 debido a la desorganización con espacios y eventos. Las artistas decidieron hacer una inauguración por respeto a sus invitados, que llegamos a la hora acordada, y cuando la "licenciada" directora del centro terminara con sus actividades políticas hiciera otra. Repentinamente, la entrada a la exposición fue bloqueada por sillas y músicos de una orquesta (que también tenía un concierto ahí). Los "organizadores" pidieron que nos retiráramos de la exposición para no interferir en el concierto, con lo que faltaron al respeto, tanto a las artistas plásticas, a la orquesta y al público de ambos eventos. La licenciada Adela Vélez Obregón (que así exigió que se le llamara, por el esfuerzo que le costo llegar a serlo), directora de Parques Recreativos, Cultura y Turismo de Cuajimalpa, de forma prepotente encerró, secuestró literalmente, a unas 25 personas en el interior de la sala de exposiciones. A mí, que hice un llamado al público de ambos eventos, me jaloneo, junto con los guardias de seguridad, para evitar que hablara. Tengo entendido que estos guardias están para resguardar las obras y el patrimonio cultural que nos pertenece a todos y no para acatar órdenes de funcionarias prepotentes.

La licenciada, por un lado, se lava las manos por la organización de la exposición y, por el otro, se otorga el derecho como directora del centro de maltratar al público, de amenazar y vetar a las artistas, y de encerrarnos.

La señora, perdón la licenciada, sabía o debería conocer desde hace mucho la programación de los eventos en su centro, aunque no los organice ella directamente.

Hago los siguientes cuestionamientos: un director de un centro de cultura o un funcionario publico ¿es o no el responsable de la organización o en este caso desorganización de un evento? ¿Debe manejar la seguridad de un centro de cultura a su conveniencia o en beneficio del público y los artistas? ¿Debe maltratar al público asistente? ¿El espacio público le pertenece en el momento que toma posesión de su cargo? ¿Debe imponer sus caprichos y carecer de diplomacia para tratar conflictos generados por su desorganización?

Exijo la destitución del cargo de servidora pública, al cual fue asignada la licenciada Vélez, por maltrato, prepotencia, abuso, y por no asegurar las garantías del público que tenemos derecho a la cultura.

¿Estos son los funcionarios culturales que nos merecemos?

Iliana G. Guevara

Faltan medicamentos en el IMSS, acusa

Señora directora: El 22 de octubre del presente acudí a consulta a mi clínica de adscripción del IMSS No. 7 por un cuadro gripal agudo y me prescribieron Ciprofloxacina, Ambroxol y Acetaminofen. En la farmacia de la unidad me informaron que no había esos medicamentos y que volviera el jueves siguiente o que acudiera al Hospital General de Zona No. 32, al que fui, pero me dijeron que tampoco ahí había medicamentos. Al siguiente día asistí al Centro Médico Siglo XXI, donde sí tenían los medicamentos, pero no me surtieron la receta porque la firma del médico que la extendió aparecía con diferente color de tinta, me pidieron que fuera a hablar con el jefe de turno para ver si autorizaba que me dieran la medicina.

Esta persona me dijo que no era su problema y que si fuera receta del Centro Médico podría "hacerme el favor" de surtírmela. Al ver su negativa, le comunique que iba a poner la queja ante las autoridades correspondientes y que me diera su nombre; entonces cambió su actitud pidiéndome la receta para surtirla.

Considero que se debe reflexionar si los empleados tienen el derecho de otorgar favores a los derechohabientes de acuerdo con su estado de ánimo, si un cambio de color de tinta en una receta es motivo suficiente para negar el servicio incluso cuando en algunos casos se ponga en peligro la vida del paciente. Dónde quedaron las declaraciones del director del IMSS, en el sentido de que no faltarían medicamentos en las farmacias del instituto.

Lucía Aldana