martes Ť 6 Ť noviembre Ť 2001
Luis Hernández Navarro
Derechos humanos: agenda inconclusa
La amnesia gubernamental es no sólo una forma de perpetuar la injusticia, sino que constituye la mejor manera de alentar la reincidencia
El gobierno de Vicente Fox heredó un sistema de administración de la justicia con áreas fuertemente degradadas. Las violaciones a los derechos humanos no eran incidentales sino sistémicas. Aunque concentradas en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca estaban presentes en todo el país.
El asesinato de Digna Ochoa hizo evidente que la alternancia política no puso fin al grave deterioro existente en el respeto a las garantías individuales y la procuración de la justicia. La salida del PRI de Palacio Nacional no provocó una modificación sustantiva de la situación de los derechos humanos en el país.
La muerte de la abogada Ochoa no es un hecho aislado, como pudo verse en las amenazas que otros cinco defensores sufrieron inmediatamente después del crimen. Las causas que originan la violación a los derechos humanos siguen sin atenderse.
Tal y como sucedía en el pasado, el Ejército participa en tareas policiales y funciones de contrainsurgencia en zonas indígenas, y realiza operativos de lucha contra el narcotráfico, con muy poco respeto a las garantías individuales. Los funcionarios y mandos policiacos responsables de procurar justicia son los mismos que ejercían durante las administraciones del PRI. Los jueces se abstienen sistemáticamente de investigar las acusaciones de violaciones de derechos humanos. A pesar de que muchas de las más graves violaciones a los derechos básicos han sido responsabilidad del Ejército, el actual responsable de la Procuraduría General de la República (PGR) es un militar.
Sin embargo, es incorrecto afirmar que las cosas son exactamente igual ahora a como eran en el pasado. A diferencia de Ernesto Zedillo, quien maltrató a los representantes de los organismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos y desestimó sus críticas, el gobierno de Vicente Fox ha sido cuidadoso en la relación con ellos. Hasta el fracaso en la legislación de la reforma indígena y el asesinato de Digna Ochoa tuvo a su favor en el exterior un bono democrático, que hoy comienza a agotarse, pero que le dio una capacidad de maniobra que no tuvieron sus antecesores. Aunque sus palabras no han tenido consecuencias prácticas, ha hecho declaraciones a favor de la liberación de Rodolfo Cabrera y de Teodoro Montiel, los ecologistas presos en Guerrero por su participación en la lucha en contra de la tala del bosque. Funcionarios de su gobierno han dado a las ONG que trabajan sobre los derechos humanos un nivel y calidad de interlocución que nunca recibieron en el pasado.
Pero, como ha sucedido en tantas otras áreas de la administración pública en los meses recientes, estos cambios en la forma y en el trato no han modificado, ni por asomo, los problemas de fondo de los derechos humanos en el país. Por el contrario, la negativa presidencial a sancionar los crímenes y la impunidad del pasado, su decisión de no tocar al PRI ni a los funcionarios que cometieron ilícitos, hacen que no se respeten las garantías individuales en ciertas regiones del país. La amnesia gubernamental ante las violaciones a los derechos humanos en el pasado es no sólo una forma de perpetuar la injusticia, sino que constituye la mejor manera de alentar la reincidencia.
El gabinete del presidente Fox está muy lejos de ser monolítico. Los pleitos entre sus integrantes son un hecho frecuente y el asunto de los derechos humanos no es la excepción. Estas pugnas enturbian el clima político y dificultan la construcción de un nuevo trato entre las ONG y el gobierno federal.
La formación o no de una comisión de la verdad enfrentó a Jorge Castañeda con Santiago Creel. El asesinato de Digna Ochoa puso frente a frente a Relaciones Exteriores y a la PGR, y sirvió para que el consejero de Seguridad, Adolfo Aguilar Zinser, rompiera lanzas con el secretario de Gobernación. El trato y la relación con las ONG-DH es motivo de disputa entre el coordinador de atención ciudadana Rodolfo Elizondo, Tlatelolco y Bucareli.
Lejos del poder, pero deseosa de protagonismo, la ninguneada Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) busca meterse en el debate nacional. Ha preparado un informe sobre desaparecidos políticos que hará público en los próximos días. Aunque La Jornada y Proceso dieron a conocer una parte de sus conclusiones no se conoce aún en su totalidad y se ignora la metodología de trabajo que se siguió.
Presentar, según parece hacer el informe, como ejecutados a desaparecidos políticos sólo porque algunos informes policiales señalan que murieron en enfrentamientos es muy delicado. Puede ser una cortina de humo para ocultar el hecho de que existen desaparecidos que siguen vivos en cárceles clandestinas. Si éstos efectivamente fueron ejecutados, Ƒdónde están sus restos?
El trabajo de las organizaciones de derechos humanos en México ha sido clave en la formación de una nueva conciencia ciudadana. Su discurso tiene indudable capacidad de movilización y articulación. Su labor y su mandato, desafortunadamente, no son asunto del pasado. Pero ello implica que no se sumen al espejismo de un país que aún no existe. El respeto a los derechos humanos sigue siendo, a pesar del cambio de gobierno, parte de la agenda inconclusa de la democratización del país.