Ť Continúa la impunidad hacia paramilitares y la guerra de baja intensidad, dicen

Propagandísticos, los retornos de desplazados que organiza el gobierno de Chiapas: ONG

Ť Responsabilizan al gobernador de los enfrentamientos entre campesinos e indígenas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis. 5 de noviembre. Los hechos están poniendo a prueba la estrategia del gobierno chiapaneco para negociar reconciliaciones en conflictos comunitarios. Mientras proliferan estructuras estatales y paraestatales para enfrentar el problema, los grupos paramilitares siguen completamente impunes, y en algunos casos, actuando (como en la región de Roberto Barrios, donde Paz y Justicia amenaza y agrede a las bases de apoyo del EZLN).

Organismos independientes, como la Red de Defensores Comunitarios para la Defensa de los Derechos Humanos, han denunciado reiteradamente que las reconciliaciones y retornos organizados por el gobierno son de carácter propagandístico, pues dejan de lado la reparación de los daños, la indemnización a los afectados, el desarme de los paramilitares y el castigo a los culpables de asesinato y robo. "Sin justicia no puede haber verdadera reconciliación" ha declarado la red.

En el caso de Chenalhó, los propios dirigente de Las Abejas han reconocido que retornan a sus comunidades sin que las causas de su expulsión (y el genocidio, si se piensa en Acteal) hayan sido resueltas, y los paramilitares permanecen como poder real en dichas comunidades. Algo similar sucede en la zona norte, donde los desplazados choles vuelven a sus pueblos originarios como si se metieran a la boca del lobo.

Estrategia gubernamental ante nuevos conflictos

Ahora surge una nueva clase de conflictos, "entre organizaciones" como el de la Orcao (de filiación perredista) y siete municipios autónomos en la región de Cuxuljá, o el de San José Bascán en Salto de Agua, donde las bases de apoyo zapatistas son perseguidas por miembros de Kichañob, también perredistas.

El caso de la tienda zapatista en el crucero de Cuxuljá, atacada, clausurada y vaciada por priístas y perredistas, que de inmediato se "convirtió" en un problema agrario, es muy ilustrativo. Mientras para los zapatistas las tierras son comunales, compartidas por la Orcao y el municipio autónomo Ernesto Che Guevara, los cafeticultores perredistas pretenden titularlas individualmente, o sea, llevarse su parte. Y es que necesitan esta "privatización" para recibir créditos y proyectos productivos del gobierno. Y eventualmente, vender las tierras al amparo del nuevo artículo 27 constitucional.

La negociación que se intenta aquí revela la estrategia gubernamental, y podría anunciar lo que será su política hacia los municipios autónomos. Aunque los zapatistas no aceptaron la intermediación del gobierno, en estos días intentarán lograr acuerdos con la Orcao con la intermediación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Comisión de Reconciliación Comunitaria de la diócesis (Coreco) y algunos organismos independientes. No obstante, hasta ahora los términos de negociación excluyen tratar la violencia y el despojo de la tienda y los murales zapatistas, y se concentran en lo agrario.

O sea, se pretende que los zapatistas negocien, rindiéndose de antemano. Según sugirió el CDHFBC en su reunión con las autoridades zapatistas de Moisés Gandhi, retirar las púas y candados que pusieron los agresores "sería violar los derechos humanos de la Orcao". No parece buen comienzo para una negociación que, de prosperar, pondrá a prueba las posibilidades de resolver los desafíos que plantea la autonomía municipal, aunque la quieran disfrazar de "conflictos entre organizaciones sociales".

Por lo pronto, Pablo Salazar Mendiguchía ha logrado instalar, junto con diversas ONG que trabajan en la zona de conflicto, una comisión mixta "para desahogar una agenda de derechos humanos", que algunos observadores independientes, como Amado Avendaño Figueroa, ven con escepticismo. Con el acuerdo anunciado en esta ciudad el pasado 30 de octubre el gobierno "neutraliza y controla" las actividades de los organismos defensores

de los derechos humanos que, dice Avendaño, "se meten bajo el alero del gobierno para protegerse, temporalmente".

En la comisión participan los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez y Fray Bartolomé de las Casas, el Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, el Centro de Información e Investigaciones Económicas para Chiapas, Global Exchange, el Centro de Derechos Indígenas y la Organización Civil Las Abejas. Los retornos de los desplazados de ésta última organización a sus comunidades originarias, en Chenalhó, se han efectuado bajo el mismo aliento gubernamental que da origen a la comisión mixta.

Al concluir el acto de instalación de la mencionada comisión en los recintos de El Carmen, el gobernador chiapaneco, así como el procurador y los secretarios de Gobierno y Pueblos Indígena fueron interpelados por un grupo de la Coordinadora Regional de los Altos de la Sociedad Civil en resistencia, con una manta que responzabilizaba a Pablo Salazar de los enfrentamientos entre campesinos e indígenas. El gobernador increpó a los inconformes: "Este no es el gobierno de Albores Guillén. Las divisiones y conflictos entre comunidades son resultado de sus propias dinámicas internas". Acusó a los miembros de la coordinadora de usar un discurso "congelado, que forma parte del pasado", y se retiró, visiblemente molesto.

Posteriormente, las Coordinadoras Regionales de los Altos, Norte-Selva, Fronteriza, Centro, Márques de Comillas, Costa y Frontera Tacaná difundieron un documento en el que expresan: "Diariamente hay noticias del clima de tensión que se vive en las comunidades. Hostigamientos, desplazamientos, asesinatos, detenciones, represión, que forman parte de la guerra de baja intensidad. Antes estos hechos, ocurridos ya en este periodo de gobierno, en algunos casos la respuesta ha sido la intervención de la Seguridad Pública, la policía judicial y el Ejército federal. Es evidente que no se ha manifestado una voluntad política seria para el diálogo y la reconciliación, pues se siguen generando más conflictos".