MARTES Ť 6 Ť NOVIEMBRE Ť 2001
Ť Permanecer callado equivaldría a complicidad, opinan expertos en derecho
El gobierno debe responder informe sobre ejecutados
KARINA AVILES
Especialistas en derecho de la Universidad Nacional consideraron que el gobierno de Vicente Fox debe dar respuesta a la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que informa de 250 personas ejecutadas y cuya última vez que se les vio fue en cárceles e instalaciones del Ejército. De no responder, el gobierno federal cometería omisión ante un reclamo continuo de la sociedad de cuando menos tres décadas, o bien caería en la figura de la complicidad, indicaron.
En entrevistas por separado, expertos en la materia fueron consultados sobre la responsabilidad del actual gobierno frente a la investigación de la CNDH en relación con los casos de los desaparecidos durante la guerra sucia en los años 70 y principios de los 80.
La doctora Martha Morineau, especialista en derecho romano e historia del derecho, expresó que una vez conocida la información de que fueron ejecutadas 250 personas, el Presidente "no se puede quedar callado" y su responsabilidad como titular del Ejecutivo es promover las acciones para que se emprenda la investigación correspondiente.
La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM destacó que el hecho de que el Ejecutivo reciba próximamente en sobre cerrado los nombres de los presuntos responsables de las desapariciones forzadas como lo informó la CNDH, todavía "le da más fuerza a la responsabilidad que tiene".
Expresó que podría haber varios caminos en términos jurídicos para investigar y fincar las responsabilidades que de ahí se deriven. Uno de ellos, es el que establece el artículo 97 constitucional en su párrafo segundo, en el que a petición del Presidente, de los gobernadores o del Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede averiguar un hecho que constituye una violación a una garantía individual. Esto ya se hizo con el caso Aguas Blancas, recordó.
Otra de las opciones es turnar el caso a las autoridades competentes, ya sea a las procuradurías estatales o que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera la investigación. Para ello, habría que determinar si son delitos federales o del fuero común y si ya prescribieron o no. Y un tercer camino sería el ofrecimiento hecho en campaña por el Ejecutivo de crear una comisión de la verdad, apuntó.
La CNDH no puede ejecutar sus recomendaciones porque no es su competencia. No obstante, el presidente Fox "no puede dejar pasar por alto los señalamientos" de ese organismo, sobre todo, en momentos de gran complejidad para el país, añadió.
Por su parte, Ignacio Ramos, profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho (FD), coincidió con Morineau en que el gobierno no puede quedarse callado porque de hacerlo, sería tanto como caer en la complicidad.
Destacó que el gobierno federal tiene la obligación de investigar y, en la medida en que haya conductas sancionables, se debe proceder al fincamiento de responsabilidades, sin que ello implique un "acto de venganza, porque entonces saldría peor el remedio que la enfermedad".
La violación de garantías individuales, la privación ilegal de la libertad y los atentados contra la vida son conductas graves y más en el caso de que quienes las perpetren sean los encargados de cuidar la seguridad pública. El académico subrayó que ante situaciones como esa, debe fortalecerle la cultura de la aplicación del derecho y que los órganos encargados de la administración de justicia se apeguen a la ley.
Por su parte, el doctor Francisco Venegas, del Seminario de Derecho Constitucional de la FD, indicó que en primera instancia es necesario conocer si no han prescrito los delitos. Si no es así, se puede seguir la acción penal ante jueces locales o federales. "En todo caso que actuara la PGR o las procuradurías estatales".
Recordó que el homicidio y el secuestro son delitos que se persiguen de oficio. "El gobierno tiene la obligación de verificar las investigaciones y si hay una denuncia de la CNDH tiene que hacer algo", añadió.