DOMINGO Ť 28 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Empresas extranjeras pasarían por encima de leyes nacionales
Vulnera soberanía fallo sobre Metalclad
HUMBERTO ORTIZ MORENO
El fallo del tribunal comercial internacional a favor de Metalclad tiene graves repercusiones para el futuro de la democracia y soberanía municipal y estatal del país, si ese tipo de cláusulas son incorporadas al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), toda vez que las empresas extranjeras podrán presionar a las autoridades federales para no interferir en sus inversiones por encima de las legislaciones nacionales, advierte Fernando Bejarano González, investigador de la Red de Acción Sobre Plaguicidas y Alternativas en México.
Alertó que esta es una práctica que se extiende en los acuerdos comerciales en el mundo. "Lo que en su momento fue promovido como la primera inversión modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia de infraestructura para el depósito de residuos peligrosos en México acabó siendo la primera demanda de una empresa extranjera contra el gobierno mexicano", que se somete a un órgano internacional bajo las reglas de protección a la inversión acordados en el capítulo 11 de ese instrumento comercial, dijo.
El tribunal resolvió a favor de Metalclad Corporation y el gobierno mexicano pagó anteayer más de 16 millones de dólares. La demanda original fue por 130 millones de dólares. El origen del conflicto se remonta a principios de 1990, cuando la compañía mexicana Confinamiento Técnico de Residuos Industriales, filial de la estadunidense, con sede en San Luis Potosí y propiedad de los hermanos Aldrett de León, inició perforaciones en el predio denominado La Pedrera, municipio de Guadalcázar, para depositar desechos peligrosos cuyos efectos negativos a la salud humana fueron comprobados.
El experto refirió que con la entrada en vigor del TLCAN en 1994, la empresa estadunidense tuvo las condiciones para entrar a San Luis Potosí y en 1994 estaban enterradas más de 20 mil toneladas de materiales tóxicos, en una obra realizada en forma inadecuada y considerada verdadera bomba de tiempo.
Bejarano González asegura que Metalclad maniobró con argucias legales e ilegales para promover su proyecto de inversión e incluso hubo versiones de que intentó sobornar con un millón de dólares al gobernador potosino de ese entonces, Horacio Sánchez Unzueta.