SABADO Ť 27 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť También pagarán 20 mil minisalarios: fiscalía ambiental

12 años de cárcel a quienes lucren con predios en áreas naturales protegidas

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Penas hasta de 12 años de cárcel y multas de 20 mil días de salario mínimo pueden alcanzar las personas que lucren con predios ubicados en áreas naturales protegidas, de conservación ecológica, forestales, de bosques, áreas verdes en suelo urbano o barrancas, mientras que quienes dirijan y participen en la invasión de ese tipo de terrenos pueden ser sancionados con ocho años de prisión, advirtió Patricia Zamora Uribe, fiscal para delitos ambientales, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

A un mes de su creación, el organismo ha dado seguimiento e iniciado 12 averiguaciones previas: cuatro por invasión de área natural protegida; tres por tala de árboles; tres por contaminación por ruido; una por descarga de material para construcción en área verde y otra por descarga de aguas residuales.

Mediante el acuerdo A/06/2001, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, dispuso la creación de la fiscalía, a efecto de "lograr la especialización de un área que pudiera conocer de este tipo de actos ilícitos", explicó Zamora Uribe, "pues para la investigación de los delitos ambientales se tiene que seguir determinada mecánica; no es igual para los crímenes que son menos ambiguos y que la propia conducta en el Código Penal da cuenta de cuál es el hecho que se está señalando y se debe sancionar".

Se trata del interés que tienen el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y el procurador Bátiz de que este tipo de conductas sean sancionadas, pues admitió que algunos delegados políticos, principalmente de aquellas demarcaciones con extensiones de áreas verdes como Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta, entre otras, se quejaban de que sus denuncias por este tipo de delitos no eran consideradas como tales en las agencias del MP desconcentradas. Por ejemplo, la tala de árboles era clasificada como un daño en propiedad ajena.

El derecho ambiental, señaló, es una rama que ha creado su propio lenguaje y que utiliza términos muy técnicos por estar relacionada con disciplinas científicas como la biología, la zoología, la química y la ingeniería, entre otras, y de ahí la necesidad de utilizar términos tan técnicos.

En esta materia, refirió que no sólo se restringe la aplicación del Código Penal, pues es necesario recurrir a otros ordenamientos como el derecho ambiental, que es una materia multidisciplinaria, por ejemplo, para la elaboración de los dictámenes técnicos y periciales que sean necesarios con motivo de la denuncia, como las leyes Ambiental del DF y su reglamento, así como la de Desarrollo Urbano, el Reglamento de Impacto Ambiental y las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia ambiental, entre otras.

Aun cuando se trata de una fiscalía especializada, Delitos Ambientales está adscrita a la subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, de la que dependen las 16 fiscalías delegacionales. Su titular, Patricia Zamora, ingresó a la dependencia en 1997 como agente del Ministerio Público, a través de una convocatoria del Instituto de Formación Profesional y del Servicio Público de Carrera. Dos años después ascendió a responsable de la agencia 55 del Ministerio Público, en Azcapotzalco, donde permaneció un año y medio en el cargo.

Se integró como encargada de agencia en la Fiscalía de Supervisión y Coordinación, zona poniente, de la cual se hizo cargo en febrero pasado, hasta que comenzó a funcionar como Fiscalía para Delitos Ambientales, en septiembre pasado. Anteriormente se desempeñó en la academia y realizó una maestría en educación ambiental.

La instancia se encuentra en el tercer piso del edificio central de la PGJDF, el llamado búnker, en doctor Gabriel Hernández número 56 y doctor Río de la Loza, colonia Doctores, pero cualquier agencia del MP puede recibir este tipo de denuncia y hacerla de conocimiento de la fiscalía para enviar al personal especializado, sólo para supervisar el inicio de las actuaciones, pues incluso cuando pertenece a la misma subprocuraduría no tiene facultades para actuar en otra agencia.

Se estableció ya una estrecha coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría Ambiental del Distrito Federal, así como con otras instancias como la Corena, e incluso la Procuraduría General de la República, con la que se suscribió un convenio para capacitar a personal de la PGJDF, pues la dependencia del gobierno federal tiene más experiencia en esta materia.

Precisó que la procuraduría fiscal se abocará a la investigación y sanción de este tipo de conductas a nivel administrativo, mientras que la fiscalía lo hará en el ámbito penal.