El anuncio realizado ayer por el gobierno federal en el sentido de que será en Texcoco, estado de México, donde se inicie la construcción de la nueva terminal aérea para el valle de México, suscitó de inmediato reacciones encontradas en diversos sectores económicos, políticos y sociales. El beneplácito más significativo provino de la Cámara Nacional del Aerotransporte (Canaero), en tanto que los rechazos de mayor peso proceden del gobierno de la ciudad de México y de las autoridades y habitantes del municipio de Texcoco y del aledaño San Salvador Atenco, aunque las impugnaciones a la determinación incluyen, además, a legisladores capitalinos de varios partidos, a diversas organizaciones sociales y ambientalistas y, como era previsible, al gobierno de Hidalgo, entidad en la cual se proyectaba una propuesta alternativa de localización del nuevo aeropuerto.

Ciertamente, una determinación de estas magnitudes, en la cual están en juego miles de millones de dólares de inversión, miles de hectáreas afectadas, el futuro económico y ambiental de regiones enteras y las perspectivas de desarrollo urbano de municipios completos, no podría dejar satisfechos a todos.

Sin embargo, los disensos ante la decisión final habrían sido mucho más tenues si el proceso correspondiente hubiera sido conducido con mayor transparencia, sentido democrático y participativo. Como se señaló recientemente en este espacio, tales fallas viciaron la solidez y la credibilidad del proyecto y ahora, a la luz de los disensos ante el anuncio formulado ayer por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, en el sentido de que la terminal aérea se construirá en Texcoco, dificultan la viabilidad política de una obra de gran importancia, cuyas virtudes y fallas seguirán proyectándose mucho después de que termine el actual sexenio.

Con todo, la edificación del aeropuerto, para ser exitosa, debe contar con el respaldo mayoritario de las autoridades y de las poblaciones involucradas, y más allá de la pertinencia de las razones técnicas esgrimidas ayer por Cerisola, el gobierno federal tendrá que empeñarse en comunicarlas de manera convincente a los detractores del fallo, es decir, tendrá que darle a éste el sustento político del que carece. De otra manera, la obra enfrentará tropiezos institucionales --como las controversias de constitucionalidad anunciadas ayer mismo por varios legisladores-- que podrían entorpecer, prolongar y hasta cancelar su realización. Sería el mencionado un escenario a todas luces indeseable, porque al margen de divergencias urbanísticas, ecológicas, económicas y aeronáuticas, en lo que todo mundo está de acuerdo es en la urgencia de contar con una nueva terminal aérea para el valle de México.