DOMINGO Ť 30 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Ť Retira el Ejército un campamento que mantenía desde 1998 en El Guayabal

Hoy retornan a Los Chorros, municipio de Chenalhó, 35 familias desplazadas

Ť Pertenecen a la organización Las Abejas Ť Firman autoridades locales ''pacto de no agresión''

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de las Casas, Chis., 29 de septiembre. El alcalde priísta de Chenalhó, Antonio Pérez Arias, confirmó que el Ejército Mexicano retiró un campamento que desde enero de 1998 mantenía en el barrio El Guayabal, de la comunidad Los Chorros, a donde este domingo retornarán 35 familias desplazadas hace casi cuatro años por la violencia de los paramilitares.

Precisamente para garantizar la seguridad de los miembros de la organización civil Las Abejas, que volverán a sus viviendas, hoy se firmó en esta ciudad un ''pacto de no agresión'' entre las autoridades municipales y comunitarias de Los Chorros y los representantes de los desplazados. Entre los acuerdos, tomados ante la presencia de funcionarios del gobierno del estado y de observadores de diversas instancias, se encuentra el de que los priístas de Los Chorros han decidido reabrir el templo católico de esa localidad, cerrado desde 1997, cuando se agudizó el conflicto entre éstos y los miembros de Las Abejas y las bases del EZLN.

Pérez Arias dijo desconocer las razones del Ejército Mexicano para retirar el campamento que tenía en El Guayabal, barrio habitado por 60 familias, ubicado a menos de un kilómetro de Los Chorros, considerado por organismos no gubernamentales como la cuna de los paramilitares en Chenalhó. ''No sabemos por qué se retiró el Ejército, pero nosotros no estamos de acuerdo porque se incrementa la delincuencia. Por eso le vamos a pedir al gobierno federal y a la Secretaría de la Defensa Nacional que regrese el Ejército al barrio Guayabal''. Agregó que tratará de platicar con los jefes militares en Chenalhó para que le expliquen los motivos del retiro.

En enero de 1998, tras la masacre de Acteal, el entonces presidente Ernesto Zedillo ordenó la instalación de campamentos militares en varias comunidades de Chenalhó para evitar más confrontaciones y hechos de violencia entre los habitantes de ese municipio de los Altos de Chiapas. El alcalde descartó que el desmantelamiento de la base castrense afecte la seguridad de los desplazados que retornarán este domingo ya que, dijo, ''todos estamos respetando el acuerdo de no agresión que hemos firmado''.

Según Antonio Ortiz Vázquez, propietario del predio de casi una hectárea donde estaba el campamento militar, los soldados abandonaron el lugar desde hace más de dos semanas sin previo aviso. En el terreno quedó una vieja galera que decenas de uniformados utilizaban como dormitorio y cocina.

Este sábado, Antonio, su esposa y su hijo realizaban labores de limpieza en el predio. ''Mi tierra quedó fea, toda accidentada y yo no tengo más parcelas donde trabajar'', comentó el tzotzil, quien exige al instituto armado el pago correspondiente por la ocupación de la parcela durante casi cuatro años. Las autoridades de El Guayabal afirmaron que tampoco fueron notificadas del desmantelamiento del campamento y manifestaron que el retiro de las tropas federales afectará a sus habitantes, porque ''ya no van a recibir la labor social''. En contraparte, la organización Las Abejas calificó como ''positivo'' el retiro del Ejército, porque ''no es de nuestro beneficio y de por sí eso es lo que hemos venido pidiendo, ya que los soldados sólo crean inseguridad, prostitución, contaminan las aguas y rompen el respeto a la naturaleza''.

Antonio Vázquez Gómez, uno de los líderes de la agrupación, dijo que ''ojalá el presidente Vicente Fox saque a todos los militares de Chenalhó'', uno de los municipios chiapanecos con mayor presencia castrense a raíz de la masacre de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997. ''Ojalá el gobierno entienda la vida de los pueblos indios, que no necesitamos quien nos esté cuidando'', subrayó. Además, agregó, ''es el Ejército el que apoya a los paramilitares, les dan de comer, los llevan en sus camiones, son sus amigos. A nosotros no nos beneficia en nada su presencia''.

En el mismo sentido se expresó el jesuita Pedro Arriaga, uno de los dos párrocos de Chenalhó, quien sostuvo que el desmantelamiento del puesto militar en El Guayabal ''traerá distensión porque la militarización en las comunidades es excesiva, y lo que menos necesitamos son armas''. Dijo que la presencia de las tropas federales no es garantía de que no habrá problemas, pues ''basta con recordar que en el fallido operativo de la Procuraduría General de la República en Los Chorros, el 12 de noviembre pasado para decomisar armas, el Ejército se limitó a contemplar la acción y cómo los policías eran agredidos. Es decir, la actuación del Ejército ha sido muy ambigua. Y qué decir de la policía, que estaba a 200 metros de Acteal cuando ocurrió la masacre''.

Durante la reunión que presidió este día el secretario de Pueblos Indios, Porfirio Encino, antes de la firma del ''pacto de no agresión'' los representantes de los desplazados de Los Chorros pidieron a las autoridades de ese paraje que ''no se repitan las agresiones de 1997; queremos que se abra el templo y que nuestros sacerdotes oficien misa''. A esto, el agente municipal de Los Chorros, Manuel Vázquez Pérez, respondió que ''existen todas las garantías de que el acuerdo de respeto mutuo se va a cumplir''. Los animó: ''Regresen con confianza y seguridad, ya está tranquilo''. Los desplazados insistieron: ''Pero digan con claridad si van a cumplir, porque no es suficiente la voluntad y las palabras no tienen mucha validez; no queremos que después los compañeros retornados sean presionados a cooperar para comprar armas''.

Nuevamente tomó la palabra el agente municipal: ''Es cierto, como dicen, que (en 1997) se obligó a cooperar a la gente (para la compra de armas), pero ahora ya no se hará eso, todos somos parientes, amigos''. Y otro indígena de El Guayabal terció: ''Los desplazados tienen razón de exigir que haya claridad, porque en Los Chorros surgió el grave (conflicto en 1997), ya que hay compañeros que hicieron cosas duras, pero Dios los va a juzgar''.

Después, ambos grupos firmaron el acuerdo de respeto mutuo, en el cual se estableció que 12 familias refugiadas en el campamento de Xoƀyep, y tres más en esta ciudad que decidieron no regresar este domingo a Los Chorros, lo podrán hacer cuando quieran. Entre los que se quedan se encuentran cuatro catequistas, que fueron los más perseguidos en 1997.

Las 35 familias que acordaron regresar saldrán este domingo, temprano, en medio de un amplio dispositivo de seguridad a cargo del gobierno del estado, y con el acompañamiento de representantes de diversas instancias no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales.