DOMINGO Ť 23 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Habían sido consignados junto con otros seis del grupo que operaba en Edomex y DF
Salen bajo fianza 2 implicados en espionaje político
Ť Entre los personajes acechados están el secretario de Hacienda y el subsecretario de SG
GUSTAVO CASTILLO GARCIA
Obtuvieron libertad bajo fianza dos de los ocho consignados por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas, relacionados con el grupo de espionaje político que operaba desde el Distrito Federal y el estado de México.
Tras depositar 20 mil pesos en efectivo o 40 mil de garantía en fianza en el juzgado quinto de distrito, a cargo de la juez Olga Sánchez Contreras, María Elena García Acosta y Beatriz Cabrera Martínez abandonaron el Reclusorio Oriente.
Los otros seis consignados el pasado 18 de septiembre por la Procuraduría General de la República (PGR) ya solicitaron su libertad caucional, pues el delito que se les imputa no está tipificado en la ley como grave, pero aparentemente por problemas económicos no han obtenido el beneficio jurídico.
Estas ocho personas fueron detenidas el 5 de junio de este año en distintos domicilios del estado de México y del Distrito Federal cuando realizaban actividades de espionaje a funcionarios públicos federales y mexiquenses, así como a partidos políticos. Entre los personajes que fueron escuchados y grabados están el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; el secretario de Gobierno del estado de México, Manuel Cadena Morales, y el subsecretario de Gobernación, José Luis Durán Reveles.
Inicialmente la PGR detuvo a 12 personas, entre ellas un adolescente, quien fue canalizado al Consejo Tutelar para Menores, mientras que los otros 11, de los cuales seis laboraron hasta principios de año para el gobierno de Arturo Montiel, quedaron bajo arraigo para ser investigados por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO). Tras casi tres meses de arraigo, tres de los presuntos implicados fueron dejados en libertad y a ocho se les consignó.
La juez Olga Sánchez Contreras les inciará proceso penal por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas, pero los ocho que hasta el momento han sido puestos a disposición de la impartidora de justicia pueden enfrentar su proceso judicial en libertad.
Hasta el momento, la PGR continúa las investigaciones para determinar la existencia de más implicados y faltan por cumplimentarse otras cinco órdenes de aprehensión contra personas de las que aún se desconoce su nombre.
Quienes en las próximas horas podrían obtener su libertad bajo fianza son Roberto Pérez Andrade Negrete, Alejandro Isaac Bustamente Rivera, Luis Ignacio Zendeja Fuentes, Ricardo García Padilla y Gerardo Alejandro Santillán Meneses.