JUEVES Ť 6 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť A raíz de su denuncia por violación recibe amenazas telefónicas y en su domicilio
Intimidan niños bien a joven vejado en Yucatán
Ť El procurador estatal pide hasta hoy para informar sobre avances Ť El MP, un peso más que un alivio, dice el agredido Ť Indignación de ONG; exigen tipificar la discriminación
JENARO VILLAMIL ENVIADO
Merida, Yuc., 5 de septiembre. Una semana después de que el joven César Salazar Góngora hizo pública la denuncia de agresión física y sexual que sufrió el 10 de agosto, el procurador yucateco Miguel Angel Díaz Herrera pidió a él y sus familiares que le den "dos días" para conocer los avances de la denuncia 168/21Ɔ/01 por violación. Mientras, los agresores volvieron a dejarle mensajes telefónicos intimidatorios: "no te queríamos matar, pero si no te callas te vamos a matar".
La madrugada de hoy, después de que sostuvo el primer encuentro con el procurador Díaz Herrera, en el domicilio de César Salazar se presentó una pandilla de niños bien a hacer ruido con claxonazos y a lanzar injurias y amenazas contra él y sus familiares.
De acuerdo con Jorge Franco, editor y amigo de la víctima, el procurador se mostró "muy preocupado e indignado" por el caso y se disculpó por la falta de avances en la agencia 21 del Ministerio público, ya que el día que fue a solicitar una copia de la denuncia los responsables "estaban asignados a otro caso" y "hubo confusión".
"Le dijimos que temíamos por la seguridad de César. Le reiteramos que las amenazas no han cesado. Y él nos pidió que le demos dos días para que el próximo jueves tome cartas en el asunto", destacó Jorge Franco.
Al frente de la defensa del caso quedó la abogada Amelia Ojeda, integrante de la organización ciudadana Unase, que dirige Sandra Peniche en Yucatán. Esta agrupación se ha caracterizado por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y ha sostenido debates públicos con grupos anti-aborto en la entidad.
La representación social, un peso
A raíz de la publicación del caso en La Jornada, el jueves 30 de agosto, César Salazar recibió nueve llamadas amenazándolo a él y a su hermano. "En total me han hecho 23 llamadas en los últimos dos días. Nunca me dan tiempo de responder, ni siquiera de pensar", declaró.
La última prueba de intimidación fue la madrugada posterior a su encuentro con el procurador. Una pandilla con tres carros hizo escándalo a las puertas de su domicilio, en Mérida, y reiteraron sus llamadas telefónicas con amenazas de muerte.
En tanto, César expresa su molestia por la falta de protección judicial y de investigación seria por parte de las autoridades ministeriales. "Esto me preocupa pues pasar por los trámites judiciales es más un peso que un alivio para mí. Existe frialdad e insensibilidad en las agencias del Ministerio Público y en mi caso hasta me han restado credibilidad los responsables de ellas", abunda Salazar, bailarín de danza contemporánea que, hasta el día de la violación, participaba en la obra Sajil, en el Teatro Mérida.
Por su parte diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado mediante la prensa local su indignación frente a los sucesos. El sacedorte católicos, Raúl H. Lugo, quien asesora a la asociación civil Indignación propuso, a partir de este caso, tipificar como delito la discriminación y castigarla con todo el rigor de la ley.
A su vez, la organización Buenas Intenciones, presidida por el médico Douglas Canul, emitió un comunicado de protesta por la agresión a la comunidad lésbico-gay en Yucatán que representa el caso de César Salazar. "Es hora de que los ciudadanos y ciudadanas ejerzamos nuestros derechos y los demandemos sin distinción de raza, sexo, etnia, orientación sexual, religión ni edad", destacó la carta de esta agrupación.