JUEVES Ť 22 Ť FEBRERO Ť 2001
Ť Reitera a EU que envíe documentos desclasificados
Agiliza juez argentino investigación sobre Cóndor; interrogará a Kissinger
STELLA CALLONI CORRESPONSAL
Buenos Aires, 21 de febrero. El juez Adolfo Bagnasco, quien investiga aquí los secuestros y desapariciones de ciudadanos chilenos, ar-gentinos y paraguayos en el marco de la Operación Cóndor, reiteró un exhorto a Estados Unidos para que envíe a su juzgado copias de documentos recientemente desclasificados referidos a ese pacto criminal entre las dictaduras que gobernaron en el Cono Sur en las décadas de los 70 y 80.
A partir de esta documentación, el magistrado podrá formular el interrogatorio al que sería sometido el ex secretario de Estado estadunidense Henry Kissinger, quien figura en numerosos documentos sobre el plan Cóndor, especialmente en el caso de la dictadura de Augusto Pinochet.
El ahora desaforado senador vitalicio chileno espera actualmente en su residencia campestre el fallo judicial que podría revocar o ratificar su proceso por 75 asesinatos.
En su libro Memorias, el ex secretario de Estado reconoció conocía muchos de los hechos sucedidos durante aquellos años de terror, debido a lo cual se busca investigar qué se hizo para censurar o en su caso de-nunciar lo que estaba sucediendo. De la misma manera la justicia argentina tratará de establecer el marco económico y social de los países que integraron Cóndor.
En Argentina se lleva a cabo un juicio sobre esa operación, ante la querella presentada en 1999 por los abogados Alberto Pedroncini, David Baigun, Carlos Zamorano y Albor Ungaro en representación de cinco familiares de desaparecidos.
"Hubo una conspiración contra el derecho de autodeterminación de cada uno de los pueblos de los estados partes, privando a éstos de sus riquezas naturales, desmantelando las estructuras productivas y obligándolos a un endeudamiento que se paga con la exclusión social, una nueva forma de de-saparición del mundo del trabajo, la salud, y otros", señalan los abogados.
Estos han requerido a la Organización Internacional del Trabajo y a la Comisión Económica para América Latina informes sobre la forma en que se reparten las riquezas, la utilización del gasto público, las violaciones a los derechos laborales y cifras referentes a la pobreza.
En Roma, por otra parte, la justicia italiana anuló este miércoles el fallo que permitió la liberación del ex oficial del ejército argentino Jorge Olivera, detenido en esa capital el año pasado a pedido de la justicia francesa, que lo acusa por la desaparición de una ciudadana de ese país durante la dictadura militar (1976-1983).
El ex militar, acusado también por otras violaciones a los derechos humanos, logró su libertad cuando la Corte de Apelaciones aceptó por parte de los abogados de Olivera un documento que certificaba la muerte de la joven Marie Anne Erize, por lo que el delito resultaba prescrito, pero en realidad era un documento falso que se basaba en la copia de un trámite iniciado por la familia.
La sección VI de la Corte Suprema determinó que no puede ser utilizado como prueba un papel enviado vía fax, además adulterado. El propio intendente de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, estuvo en Roma para ratificar la falsedad del documento.
Este caso despertó críticas contra los jueces italianos que liberaron a Olivera, quien regresó a Argentina, donde nadie conoce su paradero, y donde está a salvo de cualquier acción judicial de Francia gracias a las le-yes de obediencia debida y punto final que libraron de la cárcel a los represores.