MIERCOLES Ť 17 Ť ENERO Ť 2001
Alejandro Nadal
Estrategia sin rumbo
El gobierno federal pretende contar con una estrategia para promover el cambio estructural en los estados del sureste. El objetivo es "asegurar que los frutos de la globalización lleguen a todos los rincones del país".
Por lo visto, el gobierno cree que la globalización es fuente de bienestar. Su creencia es desmentida diariamente por las dificultades económicas que enfrenta la mayor parte de la población mexicana (y del mundo). Con este punto de partida, la denominada Estrategia para el Sur-Sureste no tiene ni pies ni cabeza.
El discurso oficial es sencillo, pero erróneo: el norte se desarrolla porque supo sacar partido de la globalización, mientras el sur se atrasa porque no ha sabido aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Este enfoque va bien con la ideología neoliberal, pero ignora la historia económica del sur-sureste en los últimos 50 años. De este diagnóstico sin bases se desprende lo demás.
El plan federal consiste en un programa plurianual de inversiones para el sureste descrito en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para este año. Las inversiones programadas son para infraestructura de transportes e hidroagrícola, desarrollo tecnológico, generación de empleo y turismo.
El programa asigna 2 mil millones de pesos a la "modernización" de carreteras troncales. Desgraciadamente, ese monto de recursos sólo servirá para remozar tramos carreteros existentes y señalados en el PEF. Es necesario, pero insuficiente, porque la red de carreteras federales y caminos vecinales cayó en el abandono desde que el sexenio salinista olvidó que la política caminera debía integrar mercados locales y regionales. Por lo visto, los frutos de la globalización eran más importantes. (Ahora con el rescate carretero, equivalente a 2 por ciento del PIB, esos frutos sí que llegarán a todos los rincones del país.)
Para infraestructura hidroagrícola el gobierno destinará 654 millones de pesos. La exposición de motivos del PEF explica que servirán para "hacer del campo un negocio rentable". Pero si se considera el desplome de precios agrícolas, la pérdida de valor real del Procampo y la falta de crédito agrícola, esa inversión resulta insignificante. Estos recursos servirán para "incorporar a la agricultura tecnificada 220 mil hectáreas". En muchos casos eso quiere decir que se incorporan a la agricultura por contrato, lo que significa que los productores pierden el control de su proceso productivo.
El gobierno también propone contribuir a "reducir el costo de instalación de las maquiladoras que han tenido gran éxito en la región norte del país". Esta visión rudimentaria ignora que aunque es cierto que la industria maquiladora de exportación contribuye a la generación de empleo en el norte y centro del país, los salarios se mantendrán castigados porque así lo exige la competencia internacional. Por otra parte, las maquiladoras han traído aparejados severos problemas en las condiciones de vida de la población ocupada, dislocación del desarrollo regional y deterioro ambiental. Esos "frutos de la globalización", el gobierno quiere difundirlos ahora en el sureste.
Para esta parte de su programa, el gobierno destinará 200 millones de pesos que, según el PEF, permitirán generar 37 mil empleos permanentes ("y bien remunerados") en 92 nuevas empresas maquiladoras. ƑDe dónde sacó estas cifras? ƑQué clase de apoyos ofrecerá para reducir costos de instalación e inducir esta nueva inversión? El PEF no lo define, así que los diputados extendieron un cheque en blanco a la Secretaría de Economía para la aplicación de estos recursos.
La estrategia incluye 397 millones de pesos para desarrollo tecnológico. Ese dinero se utilizará para promover el acercamiento de las empresas con los centros de investigación y desarrollo experimental, así como a fomentar la protección de la propiedad industrial. La promoción de una mayor vinculación de las empresas con los centros de investigación es una meta escurridiza en el marco de una estrategia económica marcada por la ausencia de una real política industrial. Y el fomento a la protección de la propiedad industrial será para beneficiar a las subsidiarias de las empresas trasnacionales, dueñas de 98 por ciento de las patentes registradas en México.
Por último, la estrategia planteada por Vicente Fox adolece del mismo defecto que marcó los regímenes priístas: fue diseñada de manera centralizada y sin consultar a la población afectada directamente en esa región. En su elaboración participaron un equipo de tecnócratas y funcionarios de grupos corporativos (el Grupo Pulsar, entre otros). Desgraciadamente, el breve análisis presentado muestra que el gobierno no tiene una estrategia seria para uno de los principales problemas económicos y sociales del país.