José Steinsleger

Cavallo y la justicia retroactiva

El histórico dictamen favorable a la extradición a España del argentino Ricardo Miguel Cavallo, donde se le acusa de los delitos de terrorismo y genocidio, consagra la independencia del Poder Judicial de México y acredita la dignidad de jueces como Jesús Guadalupe Luna Altamirano.

¿Qué podría impedir la extradición? Jurídicamente, nada. Si el fallo de los lores de Inglaterra contra Pinochet encontró precedente en las actas de Nuremberg (1946), el de Cavallo bien puede remontarse al día en que Francisco de Bobadilla, juez pesquisidor de la reina Isabel, detuvo en Santo Domingo a Cristóbal Colón y sus hermanos, y los devolvió engrillados a España por "los abusos del descubridor con sus subordinados y con los indígenas" (25/11/1500).

Desafortunadamente, las cosas de la justicia han cambiado poco en América Latina. De 1492 a 1512, los conquistadores diezmaron la población de La Española (actuales Haití y República Dominicana) de 300 mil a 20 mil habitantes. Y de 1965 a 1985, los cruzados de la política de Washington, como Cavallo, asesinaron a más de medio millón de personas para que las formas espúrias de "libre mercado" (sic) nos aniquilen por vías no sangrientas pero igualmente violentas.

En noviembre de 1999, luego de que el juez español Baltasar Garzón ordenase la prisión incondicional de un centenar de militares y civiles argentinos por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante la dictadura militar (1976-83), el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del campo de concentración de La Perla (Córdoba), donde fueron asesinadas 5 mil personas, manifestó: "Volvemos a la Colonia, es un atentado a la soberanía".

El ex presidente Carlos Menem se pronunció en términos similares: "primero nos colonizaron, nos evangelizaron, y ahora quieren imponernos el colonialismo judicial". Y en julio pasado, 98 militares argentinos reclamaron la apertura de un proceso contra el juez Garzón por "delitos contra la dignidad de la nación".

Lo sorprendente no sería que los militares o gobernantes como Menem hablen de afanes de "venganza" o del "revanchismo del viejo terrorismo marxista y socialista, ahora globalizado", según la erudita expresión del general uruguayo Gregorio Alvarez, requerido por Francia por la desaparición de Roger Julien junto a su mujer y sus hijos (1976). Lo grave es que políticos como Raúl Alfonsín, paladín de la tercera vía (durante su presidencia los genocidas fueron condenados a cadena perpetua y años después firmó los decretos de Punto Final y Obediencia Debida), coincidan con tales opiniones:

"Un juez extranjero (dijo Alfonsín en referencia a Baltasar Garzón) no puede poner en peligro la paz..." (Foro Mundial sobre la Democracia y el Tratamiento del Pasado Autoritario", Varsovia, junio de 2000).

Es curioso. Cuando se habla de hechos que lesionan la conciencia de la humanidad, en los discursos de políticos como Alfonsín, Menem, Aylwin, Frei, Lagos, y otros, abundan las palabras "paz", "estabilidad", "credibilidad", "gobernabilidad", "imperio de la ley".

Pero, invariablemente, omiten la palabra "justicia" con sumo cuidado. ¿Será tan terrible la palabra "justicia"?

No obstante, cuando las "causas humanitarias" obedecen a la condena de un pasado que políticamente no les incomoda, los gobernantes responden con celeridad a los requerimientos de la justicia europea. Así fue posible el juicio de Klaus Barbie, jefe de la Gestapo de Lyon detenido en Bolivia (1983) y condenado a cadena perpetua en 1987, y el de Josef Franz Schwammberger, capitán del gueto polaco de Przemysl, detenido en Argentina (1987) y condenado a igual pena por un tribunal de Stuttgart en 1992.

¿Será que los nazis son los únicos criminales de guerra realmente existentes según los 365 documentales sobre el holocausto que la televisión transmite los 365 días del año? En 1994, Italia reclamó al gobierno argentino la extradición del nazi Erich Priebke por la masacre de 355 italianos (Roma, 1944) y el gobierno de Menem respondió con rapidez. Sin embargo, cuando el año pasado la justicia de Francia requirió la extradición del torturador Jorge Olivera, detenido en Roma, el gobierno de De la Rúa protestó y Olivera fue liberado.

"Las convenciones internacionales de derechos humanos no amparan el colonialismo, le ponen freno", opina Leonardo Despouy, titular de Derechos Humanos de la cancillería argentina. Y es que en materia de violaciones a los derechos humanos, casos como el de Cavallo nada tienen que ver con el debate acerca de la territorialidad o extraterritorialidad de la justicia.

Dicen que debemos aprender de la ejemplar "transición democrática" de España. Bueno, aprendamos. Hoy por hoy, acciones como las del juez Baltasar Garzón representan la única posibilidad de que en el mundo de habla hispana se pueda enjuiciar y condenar a los genocidas de habla hispana.