LUNES Ť 8 Ť ENERO Ť 2001

Ť Comienzan trabajos esta semana, dice el panista

El federalismo, prioritario en la reforma del Estado: Zapata

Ť Necesario, adecuar el marco normativo a la realidad

CIRO PEREZ SILVA

Uno de los primeros temas que la 58 Legislatura deberá abordar al discutir el tema de la reforma del Estado es el del federalismo, afirmó el coordinador adjunto de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Alejandro Zapata Perogordo, tras señalar que con la aprobación del Presupuesto de Egresos para este año, en el que se otorgaron mayores recursos a estados y municipios, "Acción Nacional dio muestra de su interés por este tema".

Zapata Perogordo recordó que esta misma semana la comisión especial para la reforma del Estado iniciará los trabajos para atender una demanda generalizada en todos los grupos parlamentarios, y adecuar el marco normativo a la realidad del país. "Hay una brecha muy amplia entre lo que debe ser, de acuerdo con la ley, y lo que sucede en la realidad", aseveró.

Sobre este tema, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados tiene pendiente dictaminar sobre una iniciativa presentada en la anterior legislatura por el hoy senador César Jáuregui, en la que plantea modificaciones al artículo 124 de la Constitución.

En la exposición de motivos, el panista advierte que el país ha manifestado su voluntad de ser una república federal, que se caracterice fundamentalmente por una intensa vida política en cada una de sus entidades federativas; se respeten las facultades que por su naturaleza le corresponden al ámbito local; se impulse un federalismo funcional que pondere y atienda la diversidad de nuestra gran nación, sin que eso implique riesgo de rompimiento de la unidad, pero que a su vez no imponga una uniformidad sin considerar el gran mosaico que constituye este país.

Lo que debe ser y la realidad

Al igual que Zapata Perogordo, el senador del blanquiazul sostiene que si bien las normas jurídicas y la realidad son la materia prima con la que trabaja el legislador, "cuando ambas no convergen, solamente se puede deber a dos causas: o las leyes no corresponden a la realidad que pretenden modificar o quienes se encargan de hacerlas cumplir no asumen plenamente su deber.

"En otras palabras, cuando hay una brecha entre lo que las normas prescriben y lo que en la realidad acontece, o está fallando el legislador o fallan los responsables de ejecutar las leyes. En el caso del federalismo han fallado tanto el sistema para distribuir las atribuciones entre la Federación y los estados, como los mismos funcionarios responsables de impulsar real y efectivamente la descentralización de la vida nacional".

Diputados de todos los partidos coinciden en que en México lo explícito ha sido un acendrado centralismo y lo implícito ha sido una notable sumisión, por lo que no es suficiente adoptar, imitar o crear una legislación que tenga el atractivo de ser perfecta, sino que descienda a la realidad para impulsar la voluntad de gobernantes y gobernados hacia su cumplimiento.

Panistas, priístas y perredistas coinciden en que el argumento por el que la descentralización no ha tenido un impulso definitivo radica en negarle capacidad a los niveles locales para asumir nuevas responsabilidades.

César Jáuregui sostiene que los saldos que arroja la actuación del gobierno federal no pueden ser calificados de ninguna manera como alentadores, y que "es necesario terminar con el círculo vicioso de que no se descentraliza porque las entidades federativas no tienen capacidad, y esto sucede porque obviamente no tienen la experiencia para manejar muchísimas materias que están centralizadas".

Los tres principales grupos parlamentarios en el Congreso se han manifestado por "vigorizar" la capacidad de transferir funciones a los gobiernos locales y su capacidad para desempeñar esas nuevas tareas.

En el texto que deberá dictaminar la Comisión de Gobernación en San Lázaro, Jáuregui identifica tres tendencias que fueron propiciando la concentración de poder en detrimento de una auténtica vida política en los estados de la República.

La primera a partir de 1867, con el periodo que se conoce como el de la República restaurada, que prosigue a un periodo convulso identificado con el término del de la "soledad fluctuante", en el que el país se vio envuelto en tantos conflictos internos y externos, que difícilmente podemos hablar de la existencia de un Estado con todas sus características. Fue durante la República restaurada, con la presidencia de Benito Juárez, en el que se inicia la constitución de las grandes instituciones nacionales.

La segunda tendencia se identifica con el periodo de Porfirio Díaz, que al constituir un poder central fuerte, despojó de muchas de sus atribuciones a los estados y, la tercera, a partir de 1929, en la que con la génesis de un nuevo sistema político se procedió también a centralizar prácticamente todos los asuntos de la administración pública. Bastaba con que el Congreso de la Unión legislara sobre una materia para que ésta se convirtiera en federal.

Se perdió el espíritu del Congreso Constituyente de Querétaro, en el cual Venustiano Carranza en su mensaje expresó: "Ha sido hasta hoy una promesa vana el precepto que consagra la Federación de los estados que forman la República Mexicana, estableciendo que ellos deben ser libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, ya que la historia del país demuestra que, por regla general y salvo raras ocasiones, esa soberanía no ha sido más que nominal, porque ha sido el poder central el que siempre ha impuesto su voluntad".

Un país es vulnerable cuando concentra el poder

Esa motivación de la Constitución de 1917 no se continuó y las distintas atribuciones fueron monopolizadas por las dependencias del Ejecutivo federal, ahogando inclusive la capacidad de iniciativa de los gobiernos locales. Como bien lo expresa Octavio Paz: "En México la realidad de realidades se llama, desde Itzcóatl, poder central. Contra esa realidad se estrellaron los liberales y federalistas del siglo pasado". Nosotros agregaríamos que en los albores del nuevo siglo nos seguimos estrellando contra esa realidad, insiste el legislador.

Advierte que la experiencia demuestra que siempre ha sido más fácil concentrar poder que iniciar un proceso realista de descentralización, y la experiencia mundial ha confirmado reiteradamente que un país es más estable y firme en tanto más diversifique las instituciones de donde emanan las políticas públicas y su correspondiente aplicación hasta el mínimo detalle.

Por el contrario, un país es más vulnerable en tanto más concentre el poder, "como desafortunadamente lo ha demostrado el sistema político mexicano". Entonces, pues, "la necesidad y urgencia en el México de hoy, porque así lo demanda su ciudadanía, porque así lo exige nuestra realidad política, porque así lo requiere la superación de nuestra crisis, consiste en impulsar el federalismo hasta sus últimas consecuencias, reconociéndole a las entidades federativas y al municipio una esfera de competencia que les acredite su plena capacidad para afrontar su problemática local, otorgar los servicios públicos eficientes en todos los órdenes a todos los mexicanos".

La iniciativa que reforma y adiciona los artículos 124 y 73 precisa, en el primero, que el ejercicio del poder público en los Estados Unidos Mexicanos se hará conforme a la siguiente asignación de facultades y atribuciones: Corresponden a los poderes de la Unión el ejercicio de las facultades establecidas por esta Constitución.

Las bases legislativas corresponden a la Federación y la aplicación y operación a las entidades federativas: agricultura, educación pública, comunicaciones y transportes, turismo, trabajo y previsión social, con excepción de la fracción 29 y 31 del artículo 123, que son de exclusividad de la Federación, comercio y salud.

Para precisar en cada caso las tareas específicas, la Federación y las entidades federativas celebrarán los convenios de coordinación respectivos. Como facultades exclusivas de los poderes de las entidades federativas, quedarían las relativas a las siguientes materias: atención a la juventud, asentamientos humanos, desarrollo comunitario, reforma agraria, medio ambiente, recursos naturales, pesca, ganadería, forestal, fomento económico, derechos de autoría y ejercicio de profesiones, deporte y vivienda.