LUNES Ť 8 Ť ENERO Ť 2001
Ť Mayor atención al caso Montes Azules: Regina Barba
Chiapas, Oaxaca y Guerrero, focos rojos para la Semarnat
Ť Se actuará en coordinación con otras secretarías, afirma
MATILDE PEREZ U.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá un enlace directo con la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) para evitar que cualquier dictamen que resulte de la mesa agrario-ambiental para el caso Montes Azules -en el corazón de la selva Lacandona- "meta ruido innecesario" en las negociaciones con el EZLN.
En los dos últimos años de la pasada administración, las autoridades ambientales presionaron a los indígenas tzeltales, choles y tzotziles para que abandonaran la región de Montes Azules, incluso los llegaron a responsabilizar de los incendios forestales del año pasado. Según información de la Secretaría de la Reforma Agraria son 341 familias de 32 comunidades que ocupan ilegalmente más de tres mil 200 hectáreas dentro y en el área de influencia de la reserva de la biosfera Montes Azules.
La entonces Semarnap detalló que en esa región había 26 mil 220 personas en 68 comunidades, de los cuales 10 mil están dentro de las 331 mil 200 hectáreas de la reserva de Montes Azules, parte fundamental de la selva Lacandona.
Ahora, la actual Semarnat considera que los casos de Montes Azules, Chiapas; de los Chimalapas, Oaxaca, y de la tala en las sierras de Petatlán y Coyuca de Catalán, Guerrero -por cuya defensa están detenidos Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García- son "focos rojos" que atenderá con prioridad la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Cuidadosa acción gubernamental
Regina Barba, responsable de la Unidad de Participación Social y Transparencia de la Semarnat, explicó: "Respecto de Montes Azules la acción gubernamental será más cuidadosa. En el asunto de Los Chimalapas se terminó "la política del avestruz" que predominó en la administración pasada y el caso se retomará desde las vertientes agraria, forestal, agua, indígena y desarrollo social.
El asunto de la deforestación en Petatlán y Coyuca de Catalán y la detención de los campesinos ecologistas se atiende desde el más alto nivel político del país. El presidente Vicente Fox recibió reclamos de organizaciones nacionales e internacionales para que revisara el caso. "Es un tema que no se ha dejado".
Agregó que se vigilará de forma especial a los poseedores de motoconformadoras y grandes empresas; ya no se actuará únicamente en contra del campesino sino contra el que ocasiona los daños. "A todos se les hará cumplir la ley".
Regina Barba, ex integrante del Consejo Nacional -creado en la pasada administración para mantener un vínculo con la sociedad civil- y del Comité Consultivo Público Conjunto -organismo ciudadano en el marco ambiental del Tratado de Libre Comercio-, puntualizó que ninguno de los tres casos quedará dentro de la unidad que coordina. El asunto de Montes Azules quedará en manos del subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, Raúl Arriaga Becerra, y en la coordinación de delegados. "Lo que esta unidad hará es entregar un informe de la situación del caso".
Los Chimalapas no es un caso tan connotado "a los ojos del mundo" como el de Montes Azules, pero se buscará un mayor entendimiento entre los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, y el gobierno federal intervendrá para que el asunto se vea de una manera integral. Regina Barba reconoció el trabajo que ha realizado la organización no gubernamental Maderas del Pueblo del Sureste con los zoques.
La organización "hizo un trabajo esencial para que entendieran el ordenamiento del territorio y las prácticas de agricultura orgánica. Los indígenas están más sensibilizados, saben que tienen la Jícara de oro (significado de la palabra zoque Chimalapas) ambiental".
Cada uno de esos casos son "puntos rojos que requieren respuestas tácitas, resultados y certidumbre en cuanto a la propiedad de la tierra, en uso del suelo, en apoyos técnicos", dijo. "Tendrán una atención no sólo ambiental sino humana y por ello se actuará en coordinación con las secretarías de Reforma Agraria, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Desarrollo Social".
Durante la entrevista, Regina Barba mostró las diferentes áreas que integran la Unidad de Participación Social y Transparencia: asuntos públicos especiales, que tendrá a su cargo casos como Xcacel-Xcacelito, las denuncias ciudadanas sobre transgénicos y bioprospección y otros temas que los consejeros ciudadanos consideren prioritarios para cada una de las cuatro regiones en que está dividido el país.
Aseguró que en el caso de transgénicos y bioprospección sí asumirá una postura pública, pero también llamó a las organizaciones y grupos ecologistas y académicos a acudir a las otras secretarías de Estado implicadas en el tema como la Secretaría de Comercio, Agricultura, Salud, entre otras.