DOMINGO 9 DE ABRIL DE 2000

Ť Los funcionarios tienen que comprobar gasto público


Debe existir un sistema efectivo para fiscalizar el erario: GFB

Ť Mejoraría la economía contar con un verdadero estado de derecho

Humberto Ortiz Moreno Ť El Grupo Financiero Bancomer (GFB), segundo en importancia en el país, se manifestó por un sistema efectivo de rendición de cuentas de los funcionarios públicos respecto de la utilización que hace el gobierno de los recursos que le extrae a la sociedad mediante impuestos o deuda, a fin de que en la economía prevalezca un efectivo estado de derecho.

Y es que considera que una de las razones que explican por qué la economía mexicana tiene bajos niveles de desarrollo, así como altos índices de pobreza y una distribución de la riqueza y del ingreso inequitativa, es la "histórica ausencia de un estado de derecho".

Una de las principales características, apunta, es la persistencia de un modelo en donde no ha habido igualdad de oportunidades para la mayor parte de la población.

Así, inmerso en un proceso de fusión con BBV para convertirse en el consorcio financiero más grande de México, GFB hace un análisis del sistema legal en el país y postula que la asignación de recursos que haga el gobierno debe maximizar el bienestar de la sociedad mediante un gasto que, evaluado desde un punto de vista social, "tenga un valor presente neto positivo".

Asimismo, establece que la inflación viola el estado de derecho, pues un incremento elevado y continuo de ésta equivale a un impuesto expropiatorio de la riqueza privada, además de ser regresivo al gravar más a quienes reciben menores ingresos.

Al analizar el marco legal que rige la propiedad privada y la seguridad jurídica de particulares, GFB puntualiza que debe eliminarse el riesgo de expropiación ya sea de los recursos o del ingreso. Para que la economía pueda crecer de manera continua, con niveles de bienestar crecientes y con una distribución de la riqueza y del ingreso cada vez más equitativa, "es imperativo un estado de derecho", insiste.

El respeto al derecho de propiedad, es un elemento esencial para promover el ahorro, la inversión y el cambio tecnológico, principales fuentes de crecimiento, añadió.

Subrayó el imperativo de que el marco legal garantice la igualdad de oportunidades de acceso a los mercados, promover que éstos sean competitivos y prohibir y penalizar los monopolios y sus prácticas, incluidos los de propiedad del gobierno y los creados y/o protegidos y mantenidos por éste.

Advierte que en una economía en donde existen monopolios creados por regulación y, por lo mismo, protegidos por el gobierno, "la sociedad experimentará una pérdida de bienestar y la asignación de recursos no será eficiente, es decir, no se aprovechará integralmente el potencial de crecimiento económico".

Asimismo, refiere que uno de los problemas que sufre México es que en la en diversas leyes y reglamentos no se definen con precisión los derechos de propiedad y muchas veces hay lugar a una interpretación arbitraria de tales disposiciones por parte del gobierno, lo que repercute en un mayor riesgo expropiatorio de los recursos o del ingreso del sector privado.

Urgió revisar la legislación laboral y algunas del sector financiero; modernizar al Poder Judicial junto con el sistema de procuración y administración de justicia, pues no es eficiente ni imparcial, "en gran medida porque los involucrados en éste son mal pagados y esto puede generar corrupción".