MIERCOLES 8 DE MARZO DE 2000
Ť Congeló fondos de cajas dirigidas por presunto lavador de los Amezcua
Protestan ahorradores por la intervención de la PGR
De los corresponsales Ť Cientos de ahorradores de la Cooperativa Caja Popular de Veracruz, de la que José Ocampo es presidente del consejo de administración, al igual que de la Caja Popular Puerto Vallarta -entre otras 27 empresas-, se manifestaron ayer frente a las delegaciones regionales de la Procuraduría General de la República en Córdoba, Orizaba, Martínez de la Torre y Jalapa, y acudieron a las 44 sucursales de la cooperativa al enterarse que la PGR congeló sus fondos porque Ocampo está involucrado en lavado de dinero para el cártel de los hermanos Amezcua.
La PGR inmovilizó los fondos de las empresas en que participa Ocampo a las 18 horas del lunes pasado, pero la noticia trascendió en Veracruz ayer. Los afectados de la Caja Popular de Veracruz -que tiene unos 200 mil cuentahabientes-, convocaron a una reunión el próximo viernes en la casa matriz del organismo, ubicada en Jalapa, para definir cómo actuarán para tratar de recuperar su dinero y solicitar apoyo al gobernador Miguel Alemán.
En Michoacán, unos 18 mil afiliados de 23 sucursales de la Caja Popular Puerto Vallarta están en una situación similar y ayer realizaron un plantón frente al palacio de gobierno de Morelia.
Por el momento no se han tipificado como fraude las operaciones de los responsables de la caja de ahorro en Michoacán, pero tampoco se ha estimado el monto de los recursos en juego que, de acuerdo con versiones no oficiales, ascenderían a 900 millones de pesos en la entidad.
Pedro Rentería, delegado de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros en Michoacán, dijo que el asunto no es competencia de la Condusef, porque la Caja Popular Puerto Vallarta "no es una entidad financiera supervisada por el gobierno federal".
Ahorradores y autoridades de Michoacán se reunieron ayer y acordaron encontrarse en fecha próxima en el estadio de futbol Venustiano Carranza, de Morelia, para levantar un censo de afectados y el gobierno michoacano intercederá ante la Condusef y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En la capital de Aguascalientes, Claudia Muñoz, gerente de la Caja Popular Número Uno, también intervenida el lunes por la PGR, informó que se buscará un amparo para que sean descongeladas las cuentas de los socios, quienes acordaron vigilar que no se cierren las sucursales.
La PGR también intervino la Caja Popular Insurgentes, en Guanajuato, y la medida afectó a unos 80 mil ahorradores de Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao y León. A los socios que intentaron retirar sus ahorros se les expidió un cheque de Banca Promex, que este banco no aceptó al argumentar que si los hacía efectivos violaría "una orden judicial en base a los artículos 42 y siguientes de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito".
El Barzón anunció ayer en Guadalajara, Jalisco, que iniciará acciones legales para que los afectados por el congelamiento de recursos de la caja Puerto Vallarta "sean atendidos debidamente" por la PGR.
El Congreso de Jalisco acordó comunicarse con autoridades federales para solicitar, en nombre de los socios, "que se tomen las consideraciones necesarias para que se resuelva la situación jurídica de los afectados, sin perjuicio de sus intereses económicos". (Raymundo Jiménez, Guadalupe López, Raúl López, Claudio Bañuelos, J. Manuel Carrillo y Cayetano Frías)