* Orlando Delgado Selley *

La banca comercial: 8 años de privatización/ I

En los primeros meses de 1991 se inició el proceso de privatización de los bancos comerciales, dando fin a poco más de ocho años de gestión estatal que pasaron casi inadvertidos. Quizá lo que más se recuerda fue el intenso proceso de fusiones que redujo el número de instituciones de 60 nacionalizadas a solamente 18, que fueron puestas en venta; en cambio, en esos mismos años, la expansión de las casas de bolsa fue verdaderamente impresionante. En esta expansión, por cierto, el gobierno federal tuvo un papel decisivo.

A diferencia de lo ocurrido en su época estatal, los años de gestión privada de los bancos han resultado absolutamente extraordinarios, desarrollándose fuera de las lujosas oficinas en Paseo de la Reforma o en Santa Fe, para convertirse en estelares de las primeras planas de los diarios y encabezar la información en los medios electrónicos. Los otrora personajes distinguidos de la vida social mexicana, son ahora, por lo menos algunos de ellos, perseguidos de la justicia; los proųhombres de las finanzas, antes intachables, son mirados con desconfianza por la mayoría de la población. En todos los escenarios de riesgo de la economía mexicana, siempre aparece en un lugar central la situación de los bancos y su retiro, ya muy duradero y cada vez más notorio, del otorgamiento de créditos. Desde 1992, los bancos empezaron a operar no sólo con una nueva administración, nombrada por los nuevos dueños, sino también en el marco de una nueva estructura legislativa. Durante los primeros años del salinato, se modificaron todas las leyes financieras para adecuarlas a la nueva situación surgida del proceso de liberación general de la economía, instrumentado desde 1983; en el lenguaje de los tecnócratas se sustituyó el régimen de "represión financiera", por uno caracterizado por la aceptación de los criterios que establece el mercado, como los únicos válidos para regular el funcionamiento del sistema financiero. Por ello, a una administración que carecía de experiencia en el manejo del negocio bancario, se agregaron las dificultades que se crearían inevitablemente por la aplicación de una nueva legislación, en la que todo el peso del funcionamiento descansaba en los administradores, super- visados laxamente por los consejos de administración.

Luego de un poco más de ocho años de gestión privada de los bancos, resulta interesante examinar los resultados del funcionamiento bancario y del cumplimiento de los propósitos que se establecieron cuando se decidió privatizarlos. Una primera evaluación surge de lo que los usuarios de la banca han percibido o, para decirlo más precisamente, han sufrido durante estos años; sin embargo, hace falta una visión sobre sus perspectivas, para poder valorar la pertinencia de las diferentes propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema financiero y ponerlo en condiciones de cumplir con su importante función crediticia. Con este propósito en mente, para fines de este examen, los años "privados" se dividen en tres periodos: 1992-94, los años de euforia: 1995-97, los años de crisis: 1998- el nuevo negocio bancario.

La euforia

En trece meses, los funcionarios de Hacienda encargados del proceso de venta de los bancos comerciales, lograron completar la tarea con buenos resultados; el "logro" mayor ocurrió ya que, además de llevar a cabo los 18 procesos sin mayores contratiempos, se obtuvo un precio de venta equivalente a 3.1 veces el valor del capital contable. Este "logro" fue producto, en realidad, del único criterio aplicado para seleccionar a los ganadores de los concursos individuales: la mayor oferta económica; no se consideró expresamente ningún otro criterio, con el fin de que la decisión resultara transparente. Por eso, no se consideró el ofrecimiento de un plan de negocio, fundamental en la privatización del banco francés Banque Nationale de París, ni tampoco la experiencia bancaria con que contaban los grupos interesados, ni mucho menos, la solvencia económica y moral de los compradores, ni, para terminar, la procedencia de los recursos que se utilizarían para comprar las instituciones.