Ť Desconoce relaciones comerciales, acusan distribuidores de combustibles


Deficiencias de Pemex Refinación obligan a importar

Miriam Posada García Ť Lejos de discutir su privatización, Petróleos Mexicanos (Pemex) debe volver a ser parte de la dirección gubernamental, no dejar de ser una empresa nacionalizada y sujeta a la supervisión del Poder Legislativo, advirtieron integrantes de la Asociación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Lubricantes, al destacar que en gran medida el conflicto entre los distribuidores A y Pemex Refinación tiene como origen el programa de regularización que ''pretende desaparecer la relación jurídica de colaboración con los distribuidores y eludir el pago de obligaciones futuras''.

La asociación destacó que en la subsidiaria prevalece la falta de planificación estratégica, refinerías insuficientes, decadentes y con mal mantenimiento, lo que deriva en la desconexión entre las operaciones y el mercado, por lo que durante la presente administración se ha visto obligada a importar productos refinados por 2 mil 200 millones de dólares, de los cuales mil millones al año corresponden a compras de gasolinas.

Este organismo empresarial detalló que la tasa de crecimiento de la demanda de gasolinas y diesel se estima entre 2.5 y 3 por ciento al año, por lo que se requiere duplicar la capacidad de refinación en los próximos 22 años y una inserción de 25 mil millones de dólares.

Las apreciaciones anteriores son resultado de un análisis realizado por la Asociación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Lubricantes, a raíz de que Pemex Refinación inició un proceso de regularización de sus relaciones contractuales y comerciales con los distribuidores A, encargados de las gasolinas, gasavión, diesel, lubricantes, diáfano y grasas.

Los distribuidores ponen a debate el caso que les ocupa desde hace tres años, mediante el libro La estructura comercial de Petróleos Mexicanos que presentarán hoy, y en el que sostienen que la subdirección Comercial de Pemex Refinación desconoció estudios jurídicos hechos entre 1985 y 1997 sobre sus relaciones comerciales.

Detallan que la subsisiaria pretende dar por terminada la relación comercial con los distribuidores A, a través de un ''contrato de compraventa de productos petrolíferos que se caracteriza por tener un objeto ilícito toda vez que se pretende incumplir con la obligación constitucional de transportar y almacenar los productos petrolíferos con fines de distribución mientras no sean objeto de venta de primera mano, mediante la figura de una compraventa que es supuesta''.