Ť Diputados locales aprueban ley del organismo; intentan protegerlo, dicen
Garantizan la vida del Instituto de Cultura capitalino
Miryam Audiffred Ť El Instituto de Cultura de la Ciudad de México cuenta ya con personalidad jurídica. A más de un año de su constitución ųen junio de 1998ų, los diputados que integran la Asamblea Legislativa decidieron garantizar su permanencia mediante la aprobación de una ley que, si bien especifica las funciones y atribuciones del organismo, refuerza el decreto de creación emitido por el entonces titular del Gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas.
Por medio de la Ley del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, los asambleístas intentan que el organismo no sea víctima de intereses políticos y partidistas o que, simplemente, "un futuro jefe de Gobierno emita un nuevo decreto para su desaparición".
En palabras del presidente de la Comisión de Fomento Cultural de la Asamblea, Miguel Bortolini, "no queremos que el instituto tenga el mismo destino que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA), instancia que, no obstante sus diez años de existencia, aún no posee un marco jurídico definido".
Integrado por seis capítulos y 24 artículos, el documento recientemente aprobado indica, entre otras cosas, que el Instituto de Cultura es un organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, que tiene como órgano rector a un Consejo Directivo formado por los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, Gobierno, Finanzas, Turismo y Desarrollo Urbano y Económico, así como el de la Oficialía Mayor y seis miembros invitados por el jefe de Gobierno.
"El objetivo ųagrega Bortolinių es impedir que esta institución esté al arbitrio de cualquier persona que llegue al gobierno o de quien la presida.
"Nos parece que debe ser el Consejo Directivo el encargado de señalar la política cultural a implementar en la capital y que no puede seguir siendo una sola persona la encargada de tomar las decisiones que afectarán a millones de mexicanos."
Y es que, para el perredista, el Instituto de Cultura está, "aparentemente", en manos de Alejandro Aura, ya que ha sido "nula o casi nula" la labor realizada por los miembros del Consejo Directivo instalado en octubre del año pasado: Teodoro González de León, Carlos Monsiváis, Juan Villoro, Cristina Pacheco, Paco Ignacio Taibo II, Carlos Prieto, Vicente Rojo y Carlos Fuentes.
Una larga historia
Para ser aprobada, la norma tuvo que modificarse en varias ocasiones. Es más, en un principio se le concibió como una ley de defensa, fomento y desarrollo de la cultura del Distrito Federal que, a lo largo de nueve capítulos y 46 artículos, trataba de garantizar la descentralización de las actividades culturales.
Tras la realización de varios foros en distintas delegaciones, se decidió reducir el nombre a Ley de Fomento Cultural para el Distrito Federal y presentarla así al pleno de la ALDF el 22 de septiembre de 1998; no sin ser tachada antes como una iniciativa "populista" y "burocrática".
El dictamen estuvo en manos de la misma comisión que la propuso ųla de Fomento Culturalų, cuyos miembros decidieron modificarla ųpor "sugerencia de representantes de todos los sectores de la población"ų y convertirla en la herramienta que permitiera dotar de un marco jurídico a una de las "instancias claves" en la vida de los capitalinos.
"La transformación fue radical ųreconoce Bortolinių, pero pensamos que lo primordial era garantizar la vida del Instituto de Cultura, puesto que esta instancia contiene, de una u otra forma, muchos de los lineamientos que siempre nos han interesado, como el ejercicio de actividades culturales en barrios y zonas humildes".
Asegura que la Ley del Instituto de Cultura.... es un documento perfectible que, por lo tanto, estará sujeto a muchas modificaciones, pues, sostiene, la intención es que tenga una "vigencia plena".
El gobierno federal también ha anunciado en varias ocasiones su intención de transformar jurídicamente el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. De hecho, Rafael Tovar y de Teresa ha reconocido el vacío legal en que se desenvuelve el organismo desde que Carlos Salinas de Gortari emitió el decreto de su creación en diciembre de 1988.
Es más, hace apenas unos días el funcionario comentó a La Jornada que la situación jurídica podría ser definida este año; sin embargo, más recientemente mencionó que "lo importante" es la tarea cultural y no la denominación que se tenga.
"Lo importante es que el Estado tiene una responsabilidad con las tareas culturales, la conservación del patrimonio, la divulgación y el apoyo a creadores."
Por lo pronto, sólo se sabe que la iniciativa puede ser impulsada por el Ejecutivo o el Legislativo y que, como dijo Tovar, "todavía queda un año para ver qué pasa".