Bernardo Bátiz Vázquez
El presupuesto

Lo que suceda con el presupuesto para el año que viene, el último del siglo XX, es en verdad importante y marca un cambio de fondo en el tratamiento que se había venido dando a este documento anual, que no es otra cosa que la lista de gastos que hará el gobierno de los dineros que se recauden con los impuestos de ese mismo año.

Según lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución, corresponde a la Cámara de Diputados "examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de la Federación"; de esta disposición, y de algunas otras contenidas en nuestra Ley suprema, se desprende que el presupuesto no es una ley, pues de lo contrario requeriría de la aprobación de ambas Cámaras, sino que es un acto materialmente de carácter administrativo, aun cuando formalmente sea un acto legislativo porque su estudio y aprobación corresponde a una de las dos Cámaras que constituyen, precisamente, el Poder Legislativo.

En esta ocasión, la trascendencia de la presentación, discusión y aprobación del presupuesto radica en dos hechos novedosos, señales ambos del cambio de los tiempos y de avances, si bien lentos, seguros hacia un sistema más democrático y en el que la división de poderes sea algo más que un buen deseo constitucional.

Por primera vez en muchos años, el presupuesto que se pone a discusión, y que aprobarán los diputados, no es el que envía el Ejecutivo tal cual; el presupuesto que en este fin de año discutió y aprobó la Cámara lo elaboró la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el diputado perredista Ricardo García Sainz, y surgió de un largo proceso de discusión y negociación en el que el Poder Legislativo llevó la voz cantante. Por otra parte, el dictamen es también producto del trabajo de comisiones; quien no vea en estos hechos un gran paso en la política del país, en el acotamiento de las facultades presidenciales y en el equilibrio efectivo de los poderes, es porque no lo quiere ver o porque prefiere el inmovilismo político y añora las épocas en las que el Presidente era el único que opinaba con eficacia en estos temas.

No se trata de convertir la discusión del presupuesto en un debate partidista o en un campo para la búsqueda de votos; se trata de hacer coincidir lo que dicen nuestras leyes con lo que sucede en la realidad.

Para destacar la importancia de este cambio, hay que recordar la historia legislativa de nuestro país. En la cuadragésima octava Legislatura, de la que formé parte y por primera vez fui diputado, el presupuesto llegaba a última hora, y junto con él enviaba la Secretaría de Hacienda el dictamen que los diputados de la comisión respectiva aprobaban sin chistar y sin cambio alguno; la aprobación era totalmente segura y su celeridad sólo dependía de los debates testimoniales que daba la oposición.

En el caso del presupuesto del próximo año, las comisiones todas, o al menos la mayoría, intervinieron enviando a la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública sus observaciones y puntos de vista, y en esta comisión se trabajó para lograr un proyecto mejor, más justo y más equilibrado que el enviado por el Ejecutivo.

No es cierto que estemos en riesgo de un desastre y un cataclismo porque el presupuesto ahora se discuta realmente y se vote con mayor conciencia; hay dos puntos de vista, hay dos proyectos que se confrontan, pero uno de los dos, o bien un tercero en consenso, como sucede, será el que se apruebe.

Que no se pongan nerviosos los co-rifeos del régimen; los cambios como el que nos ocupa son positivos y habrá un presupuesto. Quizá cuando los lectores de La Jornada tengan en sus manos este ejemplar, ya haya sido aprobado cualquiera de los proyectos en debate y sea el del Presidente, el de la oposición o uno de consenso.

El hecho será histórico puesto que ya no será el presupuesto indiscutible del Presidente, sino el que surge de la discusión de los representantes de la nación.