La Jornada Semanal, 25 de abril de 1999

Fabienne Bradu
Instituto de Investigaciones Filológicas

Lo que veo es una mala presentación de la necesidad de cobrar cuotas a los estudiantes. Creo que la medida de Barnés sí es necesaria (no estoy en contra de que se cobren las cuotas); lo que no me parece muy adecuado es la manera de hacerlo. No entiendo muy bien la lógica que está debajo del diálogo que se propone; da la impresión de un doble lenguaje. El problema residiría en eso. Si Barnés consideró necesario junto con una comunidad el inicio de la cobranza de las cuotas, a mi manera de ver sería más conveniente sostener esa posición y sostenerla hasta el final, en lugar de acceder ante un movimiento de protesta, a sabiendas de que no volverá sobre su decisión. Sobre el problema de la falta de legitimidad de que se habla, yo preguntaría qué es lo que determina la legitimidad de un cuerpo de estudiantes para opinar más certeramente que los que manejan la UNAM en cuanto a la búsqueda de recursos, de posibilidades de hacer funcionar mejor a la Universidad.

Gonzalo Celorio
Director de la Facultad de Filosofía y Letras

Pienso que es muy importante que un reglamento general de pagos que no se ha modificado desde 1948 -un reglamento que tiene exactamente mi edad- se actualice. La Universidad nunca ha sido gratuita y no por eso deja de ser una institución pública. Creo también que se han seguido los caminos con los cuales cuenta la Universidad, que son precisamente sus órganos colegiados, muy particularmente el de mayor autoridad, el Consejo Universitario, donde se han dirimido estos asuntos y donde se ha aprobado este reglamento. Incluso en la última sesión hubo quien sometió a la consideración del Consejo Universitario la derogación del reglamento y el Consejo no aceptó esta propuesta. Me parece que es muy importante proteger a quienes procedan de familias que no tienen ingresos mayores que cuatro salarios mínimos pero quienes sí pueden pagar, deben contribuir en términos de corresponsabilidad, incluso en términos de formación educativa y solidaria con la institución de la que aprenden y la que los va a formar como profesionales. No entiendo realmente cómo puede haber un movimiento que se manifiesta como de vanguardia, que tiene dos características que no comparto. En primer lugar el apoyo a quienes sí pueden pagar en detrimento real de quienes no pueden pagar. Y en segundo lugar el carácter absolutamente conservador de este movimiento que se opone a cualquier tipo de modificación. Creo que en el país ha habido una fuerte crisis de autoridad en el sentido de que no hay confianza, no hay certidumbre, hay una enorme suspicacia y esto se refleja sin lugar a dudas en el ámbito universitario, donde todo aquello que proceda de la autoridad universitaria, independientemente de las bondades de las propuestas, es visto siempre con desconfianza, con reticencia, con suspicacia.

Eva Cruz
Ex Consejera Universitaria y ex Consejera Técnica

Muchos de quienes nos opusimos a la modificación del reglamento general de pagos coincidimos en que el problema no es nada más un asunto de cuotas a pagar o no pagar, sino que tiene que ver con la manera como se va a planear el financiamiento de la Universidad en los próximos años. Nos parece que este gesto de subir las cuotas es meramente simbólico. Representa abrir el financiamiento de una universidad a otras fuentes, con el peligro de que el Estado no dé los recursos suficientes para mantener la educación superior. En los últimos años hemos visto cómo el Estado ha reducido su participación, tanto en el campo de la salud como en el de la educación superior y el gasto social, así que pensamos que este gesto de implantar las cuotas puede, a futuro, convertirse en un elemento más de financiamientos externos a la Universidad por parte de las empresas. Esto de por sí no es malo, pero seguimos considerando que es obligación del Estado suministrar los recursos suficientes para la educación superior, porque se trata de una inversión para el país y porque la Universidad se paga a través de nuestros impuestos. Como dije, este conflicto no es sólo un problema de cuotas; tiene que ver con el proyecto de universidad que tienen las autoridades en mente, tanto las universitarias como el gobierno. Y es difícil que no sintamos que este proyecto de universidad está subordinado a dictados como los del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ya hay suficientes documentos para saber que hay una serie de lineamientos en que se exige que el Estado reduzca su participación en la educación superior. Por último, el conflicto ha llegado hasta donde está como consecuencia del autoritarismo con el que se han instrumentado las reformas, sin hacer una amplia consulta entre los miembros de la comunidad universitaria. Se debe tener un consenso de la comunidad, no sólo de los cuerpos colegiados.

Germán Dehesa
Profesor universitario

Apoyo absolutamente al rector Barnés. Pienso que su proyecto es perfectamente discutible, pero que una cosa es la discusión académica y otra cosa es la suspensión de la actividad académica, un lujo que no podemos darnos. Somos un país que no puede permitirse suspender un solo día la tarea de su más importante casa de estudios superiores. ¿Y quién está metido en todo este asunto? Ahí todo mundo especula. Que obviamente detrás de esto hay una cantidad de intereses políticos de todos los signos -desde los bien intencionados hasta los absolutamente perversos-, me parece muy evidente; lo percibo a través de mis hijos, que son universitarios: ellos mismos están divididos y confundidos con respecto a lo que pasa, no entienden cómo se habla de democracia y sienten que es una minoría la que les está cerrando la facultad donde ellos estudian. Y si fuera cierto lo que han opinado algunos intelectuales, de que ``a lo que se le teme no es directamente a un aumento simbólico de las cuotas sino a todo lo que vendrá después, dada la experiencia de lo que ha ocurrido con otro tipo de instituciones, después de privatizarse'', ¿a poco vamos a ser tan ingenuos como para pensar que a los neoliberales los podemos detener con esto?

René Drucker
Jefe del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina

Creo que rectoría tendrá que dar marcha atrás para que se pueda levantar la huelga; que deberá declarar la suspensión del reglamento de pagos para que se pueda dialogar acerca de cuál podría ser la propuesta alterna al reglamento de pagos que se aprobó ilegítimamente el día 15 de marzo. La reunión del 15 de marzo fue legal, pero fue ilegítima, porque se llevó a cabo de una forma verdaderamente muy extraña. Se hizo fuera del recinto universitario, se hizo un poco a escondidas. Además, muchos consejeros no estuvieron presentes y parece que ni siquiera les avisaron. Así que podrá ser legal, pero ciertamente fue ilegítima, y por tanto lo que se haya señalado ahí, o lo que se haya acordado ahí, tiene la posibilidad de ser suspendido. De hecho, el reglamento no entra en vigor sino hasta el 10 de julio, de tal manera que a mí me parece que la posición de rectoría de suspender lo que se acordó el 15 de marzo, en realidad simplemente ratificaría lo que es una realidad: que no entra en vigor sino hasta el 10 de julio y durante este tiempo se podría realmente discutir esto con más amplitud. Tendría que haber un diálogo con la comunidad y que se pudieran proponer mecanismos alternos de financiamiento o un reglamento general de pagos que fuera diferente al que se aprobó el día 15. Por lo demás, es evidente que el gobierno que hemos tenido en los últimos setenta años ha sido totalmente ineficiente, nos ha colocado en una situación en verdad desfavorable, y el punto de vista de conducción política y económica ha dejado mucho que desear. La Universidad ciertamente refleja eso, pero aquí hay un problema de fondo muy importante que hay que mencionar: la estrategia del Estado acerca de la educación superior ha sido pésima. Creo que la educación superior es la única vía a través de la cual se garantiza de alguna manera la soberanía nacional, es gracias a ella que se puede mantener cierta independencia frente a los desarrollos tal como se han dado en los últimos años. El Estado no ha dado la suficiente importancia al desarrollo de la educación superior, no solamente en la UNAM sino en todo el sistema de educación superior del país.

Graciela Hierro
Maestra de Filosofía

El problema más grave para mí es ver a una universidad en donde yo he estado cuarenta años, que intenta resolver los problemas que tiene con base en la violencia. Ya que ésta es la mejor universidad del país, me parece que tendríamos ya la necesidad de que los problemas que tengamos, que tenemos, como es natural, los resolviéramos por medio del diálogo.

Isabel Navarrete
Estudiante

Estoy contra las cuotas. Toda mi vida crecí con la idea de que para eso se pagan los impuestos. Sobre lo del paro, pues por un lado es una manera de hacer presión pero puede ser contraproducente, porque se va a perder el semestre. Pero sé que, al ser la mía una opinión de estudiante, no tiene peso... Con tanta corrupción que hay a lo mejor el dinero de las cuotas no va a ser bien empleado, va a pasar lo que sucede con las demás instituciones del país.

Guillermo Sheridan
Investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas

La autonomía que el país le dio a la UNAM es para que la UNAM se dote, entre otras cosas, de leyes y reglamentos; supone que la UNAM, por medio de sus órganos colegiados, debata y mejore esas leyes y reglamentos para que su funcionamiento sea el ideal. En este sentido creo que el conflicto agravia a la autonomía de la UNAM. Reconocer en los estudiantes y el sindicato un poder decisivo equivalente al de los órganos colegiados es un contrasentido. Es, diría yo, legalizar el motín como forma de gobierno. Creo que las universidades no son democráticas ni populares. Suponen, por la propia naturaleza del conocimiento que generan y difunden, una actitud meritocrática, una actitud jerárquica, y no se puede jerarquizar horizontalmente. No creo que haya universidades más populares y gratuitas que la de Corea del Norte o la de La Habana, pero tampoco creo que haya universidades más jerárquicas. En estas universidades, desde luego, el que entra se lo merece, es mantenido por el estado y si no cumple es expulsado. Creo que la UNAM es una desmesura y que buena parte de su costo y su enorme burocracia obedecen a su naturaleza histórica de botín político. Hay una enorme burocracia que tiene que defenderla de esa naturaleza de botín político que, lamentablemente, la universidad lleva o arrastra desde hace muchos años. Creo también que ese botín político, en el fondo, nace de esta quimera democratizadora y popular que atizan los sindicalistas y los políticos de oportunidad. Creo que las universidades públicas no son laboratorios de la libertad; son la libertad convertida en rigor y en jerarquía. El gran problema de la UNAM, lo he dicho en mis artículos, es su altísimo grado de deserción, que me parece mucho más grave que el del ingreso. La fantasía del STUNAM y del CEU es que todos entren, pero no es, desde luego, que muchos se reciban, porque el que todos entren es asunto politizable y que alguien se reciba es asunto de mérito individual. Que alguien capaz deserte del tercer año por motivos económicos me parece mucho más grave que cincuenta mediocres no puedan entrar.

Sergio Zermeño
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales

Una vez que se echa a andar una acción directa, como una huelga, un movimiento social, una ruptura del orden, todo el mundo pierde control sobre eso y cualquier cosa puede salir de ahí. En México, en un año de sucesión presidencial o de inicio de carreras políticas como éste, la huelga en la UNAM puede afectar la paz en una ciudad como la nuestra, gobernada por uno de los muy probables candidatos a esa carrera presidencial. No entiendo por qué las autoridades de la universidad echan a andar en este momento un conflicto tan delicado, en una situación donde no hay una dirigencia estudiantil clara y donde, por otra parte, las posiciones parecen completamente inamovibles. Estoy en contra de que en este momento haya una huelga como la que está arrancando. Me parece muy peligroso para la Universidad, para la dinámica política nacional y también para la ciudad. En condiciones como las actuales donde no hay espacio de negociación posible (yo no lo veo), la Universidad no tiene otros sectores organizados para dialogar: el sector académico no está organizado, por ejemplo. Todo esto me parece de una peligrosidad extraordinaria.