EL CAMPO: PRIORIDAD NACIONAL

En la iniciativa de ley de desarrollo rural, formulada por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, figuran diversas propuestas que podrían resultar convenientes para propiciar el necesario crecimiento humano y material en el campo mexicano. Entre ellas destacan el establecimiento de un programa estratégico de seguridad alimentaria, especialmente en el ámbito de los granos básicos y la ganadería, y la creación de un sistema de financiamiento y comercialización para el agro.

Desde hace décadas, el campo mexicano ha permanecido en el desamparo, y sus trabajadores, tanto los comuneros y ejidatarios como los pequeños propietarios, han tenido que enfrentar un escenario desfavorable en lo económico, lo comercial, lo social e, incluso, lo político. Pese a que en reiteradas ocasiones numerosos representantes sociales, académicos y empresariales han señalado la necesidad de dar prioridad al desarrollo rural, lo cierto es que el agro mexicano ha recibido sólo apoyos parciales y, en muchos casos, la asistencia ha sido condicionada ųde manera abusiva e inaceptableų por los intereses de los caciques locales o por consideraciones de orden electoral. Además, en diversos casos, los fondos y las instituciones destinados al desarrollo rural han sido ilegalmente utilizados para el enriquecimiento de unos cuantos funcionarios o para el privilegio de empresarios cercanos al grupo gobernante.

Y aunque han existido diversos programas e instituciones oficiales que han prestado apoyo a los productores del agro, incontables campesinos, agricultores y ganaderos mexicanos no han podido hacer frente a la competencia extranjera ni a las continuas crisis económicas nacionales y se encuentran agobiados de deudas y en riesgo de perder su patrimonio.

Y en el caso de los campesinos pobres, la imposibilidad de obtener de sus tierras incluso los productos indispensables para su subsistencia ha sumido a una alarmante cantidad de mexicanos en la pobreza extrema. Las consecuencias del olvido del agro mexicano son evidentes y dolorosas: millones de toneladas de granos básicos deben ser importadas anualmente para alimentar a la población del país, numerosos pequeños productores y ejidatarios han preferido abandonar o vender sus tierras y miles han emigrado a las ciudades o a Estados Unidos.

Para colmo, en los últimos meses se ha desmantelado a la Conasupo, se ha abandonado a los productores mexicanos ųen condiciones adversasų al frenesí del mercado y se han cancelado subsidios que resultan cruciales para la supervivencia de importantes grupos sociales, como en el caso de la tortilla.

Atender al agro de forma integral, sin condicionamientos sexenales o electorales, debe ser una prioridad nacional, pues el desasosiego y la tensión existentes en numerosas regiones rurales podrían ser causa de estallidos que en nada contribuirían al desarrollo social y democrático del país. Además, la alimentación de millones de mexicanos ųhabitantes tanto del campo como de las ciudadesų se encuentra en riesgo, pues resulta inviable sostener a la población con base en importaciones que demandan divisas escasas y caras.

Por ende, cabe esperar que, de una vez por todas, se le restituya al campo la dignidad que le corresponde en la agenda nacional y se establezcan las leyes, los mecanismos y las instancias para que tanto los comuneros, los ejidatarios y los pequeños propietarios rurales como los empresarios del sector agroindustrial reciban ųal margen de las coyunturas sexenales o electoralesų apoyos equitativos, justos y transparentes para el mejoramiento de su producción y de sus expectativas de desarrollo económico y social.