n El ombudsman justifica al gobierno, dice ONG
Limitadas, las investigaciones de la CNDH en violaciones castrenses
n Los señalamientos, parte de un informe para la ONU
David Aponte n Cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no investiga las violaciones a las garantías individuales que cometen miembros del Ejército mexicano, propicia la "total impunidad". El organismo sólo actúa como oficialía de partes de las autoridades castrenses, denuncia un informe que será discutido por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 55 periodo de sesiones.
El documento, elaborado por la organización Familia Franciscana Internacional, con base en investigaciones del Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, señala que el gobierno de México utiliza al ombudsman nacional para justificar su actuación en el ámbito internacional.
Sin embargo, la CNDH limita su trabajo a solicitar información a las autoridades señaladas y no investiga "patrones sistemáticos" de violaciones, principalmente en casos de desapariciones o privación de la libertad en el contexto de la lucha contrainsurgente, afirma.
El informe de la organización no gubernamental explica que la reforma constitucional de 1990 para la creación del ombudsman de México representa un paso importante para el fortalecimiento del sistema público no jurisdiccional. Pero existe una dependencia formal de la CNDH frente al Poder Ejecutivo.
Afirma que el organismo ha propiciado la impunidad mediante procedimientos que privilegian de facto la información aportada por las autoridades mexicanas señaladas como responsables de violaciones a los derechos fundamentales.
"Al contrario de lo que ocurre en las instancias intergubernamentales de protección a los derechos humanos, la práctica de investigación de la CNDH inclina la carga de la prueba hacia el quejoso, no hacia la autoridad señalada como responsable. En múltiples ocasiones hemos encontrado casos que son cerrados cuando las víctimas no pueden aportar más elementos que los mencionados en la apertura de la queja".
En la mayoría de los expedientes, no investiga los patrones de las violaciones a los derechos humanos, debido a que su labor está orientada exclusivamente a la sanción del servidor público. Las personas que ordenan la violación no son castigadas. "Ello se manifiesta, en primer lugar, en los casos de desaparición forzada o privación arbitraria de la libertad en el contexto de la lucha contrainsurgente en los estados de Guerrero y Oaxaca", indica.
Además, la CNDH promueve "amigables composiciones" para resolver los casos, principalmente cuando elementos del Ejército mexicano están involucrados en las posibles violaciones a los derechos humanos. El arreglo viene sin que el quejoso o la víctima tengan conocimiento o hayan dado su anuencia, agrega.
El reporte, denominado Funcionamiento eficaz de los mecanismos de derechos humanos: instituciones nacionales y arreglos regionales, incluido en la mesa 18 del 55 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expone que el ombudsman nacional debería conocer de todos los casos que involucran a militares. Añade que, a pesar de las disposiciones constitucionales, los remite a la Procuraduría General de Justicia Militar.
"Además, hemos sabido que este organismo entrega a las instancias militares información detallada sobre los quejosos para que sean las procuradurías quienes investiguen los hechos, asumiendo el papel de una simple oficialía de partes y no investigando por su cuenta. Amén de resultar en riesgo para quienes interponen las quejas, tal procedimiento amedrenta e inhibe con frecuencia a los quejosos o las víctimas, ya que son interrogados por la misma autoridad que los agredió.
"Es especialmente en los casos en donde se encuentran involucrados militares donde las investigaciones de la CNDH adolecen de mayores deficiencias. El hermetismo propio de la institución castrense constituye una limitación que el ombudsman no ha querido enfrentar y que ha promovido en muchos casos la total impunidad, ante la tácita aquiescencia del sistema público de protección", afirma.
La organización Familia Franciscana Internacional añade que no existe ningún tipo de seguimiento de las recomendaciones. La CNDH las considera cumplimentadas cuando el Ministerio Público abre una investigación en contra de los acusados.
Por tal motivo, solicita al organismo de la ONU que gire una recomendación al gobierno de México para que acepte la asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de revisar el reglamento interno de la CNDH y adaptarlo a los estándares internacionales. Asimismo, pide la homologación de la legislación mexicana con los instrumentos internacionales en la materia, para tipificar los delitos relativos a las violaciones.