En las circunstancias actuales, como lo señaló el secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente, el tiempo no juega a favor de la solución pacífica del conflicto en Chiapas. Por el contrario, el estancamiento del proceso de paz sólo ha agudizado la descomposición y las tensiones en ese estado, al extremo de registrarse sucesos dolorosos e indignantes como la matanza de Acteal.

Es claro que, de haberse reabierto el proceso de negociación, aceptado los acuerdos de San Andrés y la iniciativa en materia de derechos y cultura indígenas formulada por la Cocopa y emprendido acciones de distensión militar y desarticulación de los grupos paramilitares, se habría evitado el exacerbamiento de las tensiones, el derramamiento de sangre y el lacerante fenómeno de los desplazados de Chiapas. Por ello, hoy es urgente e impostergable que se emprendan acciones efectivas para alcanzar la paz y se dé comienzo a la atención, a fondo y con el consenso y la concurrencia de todos los actores políticos y sociales involucrados, de las legítimas demandas de los pueblos indios del país.

En este contexto, cabe reiterar la pertinencia de las palabras del titular de Gobernación, Francisco Labastida, por un lado, y del secretario de la Defensa, Enrique Cervantes, por el otro, en el sentido de resolver el conflicto chiapaneco por la vía de la conciliación, el diálogo y la solución de los problemas de pobreza y marginación que agobian a las comunidades indígenas. Sin embargo, hace falta que el gobierno federal traduzca en hechos sus mensajes de paz y asuma que Chiapas requiere mucho más que exhortaciones a la concordia y asignación de presupuestos.

Por otra parte, como lo señaló el senador Carlos Payán, integrante de la Cocopa, en Chiapas se experimenta una situación de guerra que no se resolverá por decreto con un acuerdo camaral. Por el contrario, la realización de una reforma constitucional y legal amplia, que cuente con la aceptación de todas las partes y respete la letra y el espíritu de los acuerdos de San Andrés, es un requisito indispensable para alcanzar la paz. En esta lógica, la pretensión del Partido Verde Ecologista de México de llevar unilateralmente al pleno del Congreso una iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígena distinta a la de la Cocopa carece de sentido y puede convertirse en un nuevo factor de desencuentro y dilación.

Para lograr la reconciliación social y la paz justa y con dignidad en Chiapas, es indispensable y urgente pasar de las palabras a los hechos y superar los dos principales obstáculos que han mantenido en un tenso impasse al proceso negociador: la distensión militar y la validación oficial de los acuerdos de San Andrés y del documento de la Cocopa. Recurrir a medidas parciales o unilaterales que dejen insatisfechas a las partes y soslayen las causas y las reinvindicaciones de fondo de los pueblos indígenas sólo aplazará la solución del conflicto, mantendrá las tensiones y los riesgos de que se registren nuevos sucesos de violencia, y dificultará el desarrollo social y democrático de México.