La terrible escena del asesinato de una ex reina de belleza, a balazos y desde una motocicleta en una calle de Guadalajara, recuerda crímenes semejantes ocurridos hace algunos años en Colombia. Es un nuevo dato --el más reciente de una larga serie-- que acredita el camino emprendido por el gobierno mexicano en su equivocada política contra el tráfico de drogas. Esa ruta conduce inevitablemente a reproducir el dramático caso de la nación sudamericana.

Lo que sigue como parte de esa errónea política, fiel a la también torpe política antidrogas de Estados Unidos, puede verse como fragmentos de una película ya conocida, de una cruenta historia ya padecida por Colombia. Ahora viene, está presente ya, la demanda estadunidense para la entrega de importantes jefes mexicanos del narcotráfico, es decir el capítulo de los extraditables, que tanta violencia y dolor produjo en tierra colombiana.

¿Y luego? Luego vendrán leyes o adecuaciones legales para permitir, sin juicio previo, incautaciones de presuntas propiedades de narcotraficantes, con los consiguientes abusos e injusticias.

Simultánea o posteriormente, y ante la vulnerabilidad de los jueces, se acudirá al expediente de los jueces, fiscales, testigos e informantes ``sin rostro'', lo cual abrirá la puerta a las delaciones sin fundamento por venganza y a los excesos en la impartición de justicia. ¿A quién podrá pedírsele cuentas si a juzgadores y testigos se les mantiene en el anonimato como protección a su seguridad, pero también a su impunidad?

Y naturalmente, en esa escalada trágica habrá estallidos del gran poder de fuego concentrado por los contrabandistas de estupefacientes. Sí, claro, como ya ocurrió en Colombia.

Y mientras muchos mexicanos se desangren y los presupuestos sociales se reduzcan para poder sufragar la respuesta gubernamental contra los narcotraficantes, las exigencias de Estados Unidos aumentarán, y en ese monstruo de cientos de cabezas que es el Capitolio surgirán voces que clamarán contra México, por no hacer lo suficiente para evitar el acceso de los citizens a los horrendos productos tóxicos de los campos situados al sur de sus fronteras.

Y poco después --no lo duden nuestros ingenuos gobernantes-- vendrá la descertificación, el anatema contra nuestro país por no contener la oferta de droga generada por la demanda de los citizens. Sí, otra vez, como ya ocurrió con Colombia.

¿Queremos todo eso como consecuencia de la equivocada política actual del gobierno mexicano contra el narcotráfico? ¿O seremos irreflexiblemente cándidos y pensaremos que todo eso no nos pasará a nosotros?

Es un hecho irrefutable que, a pesar de los grandes esfuerzos destinados a combatir al narcotráfico, a pesar de las enormes sumas para el mismo fin, el resultado es desalentador: Sangre, corrupción, generales, jueces, banqueros y hasta sacerdotes vinculados con narcotraficantes. ¿Que han sido detenidos o muertos los más importantes capos del tráfico de drogas? ¿Que están siendo procesados militares que protegieron a los barones mexicanos de la droga?

Todo ello es cierto. ¿Y...?

Y la droga sigue fluyendo incontenible hacia Estados Unidos.

¿Es tan difícil entender que mientras exista la demanda en ese país, la oferta latinoamericana continuará y llegará fatalmente a su destino? ¿Por qué no terminamos de convencernos de que el poder corruptor del dinero del narco es tan vasto y abundante que da para sobornar a quien sea necesario, en México y Estados Unidos, para proveer de droga al sediento mercado estadunidense?

Ya se ha dicho otras veces en este espacio: el único camino racional para combatir al narcotráfico es la despenalización, lo cual equivale a despojar a los contrabandistas de su principal arma: sus cuantiosos ingresos. Es claro que una sola nación difícilmente pueda tomar de modo unilateral esa delicada decisión. Pero una buena manera de empezar a cambiar de política es plantear tal despenalización en los foros internacionales y exigir la corresponsabilidad de las naciones consumidoras en el problema. Y esto sí lo puede hacer el gobierno mexicano. Sería un saludable ejercicio de autodefensa.

El lavado de dinero del narcotráfico en México podría superar los 15 mil millones de dólares anuales, 5 por ciento del PIB, informa Latin Trade, y agrega que si se detuviera el flujo de estos recursos, se desestabilizaría la economía mexicana (Cable de Reuter en La Jornada, 5 de agosto, primera plana). Ciertamente es posible que así sea, como también lo es que si el dinero del narco saliera de la economía estadunidense, Wall Street --y no hay hipérbole en esta afirmación-- se caería.