En un año se incrementó en 700 mil el número de pobres en Buenos Aires

Stella Calloni, corresponsal Buenos Aires, 10 de septiembre El número de pobres en el Gran Buenos Aires, principal zona urbana del país, se incrementó de 3 millones, en mayo de 1995, a 3 millones 700 mil en mayo pasado, reconoció hoy el ministerio de Economía.

En su informe sobre el segundo trimestre de este año, la dependencia precisó que para mayo, la indigencia se incrementó a 5.5 por ciento en el Gran Buenos Aires, en comparación con el 4.3 por ciento de igual periodo de 1995. Si se toman en cuenta los casi once millones y medio de personas que viven ahí, los pobres constituían el 26.7 por ciento, contra el 33.2 por ciento un año antes, admitió.

Economía señaló como causa ``probable'' del aumento de la pobreza en esa zona el creciente desempleo, ubicado en 17.1 por ciento, así como el aumento de precios en los productos básicos; añadió que en el segundo trimestre de este año se reportó un crecimiento económico de 2.6 por ciento.

Mientras, el presidente Carlos Menem ordenó el pase a retiro de la cúpula militar, exceptuando al jefe del Ejército teniente general Martín Balza, pero afectando al jefe del Estado Mayor, general Cándido Díaz, y a Enrique Molina Pico y Juan Paulik, titulares de la armada y la aeronáutica, respectivamente, decisión que agregó un nuevo pico de tensión en momentos muy difíciles para el país. Díaz fue relevado por José Enrico; Molina por Carlos Marrón, y Paulik por Rubén Montenegro.

La medida presidencial estaría determinada por la reciente protesta de los jefes militares ante la reducción del presupuesto y su advertencia de que ``Argentina entraba en la indefensión''. Pero que el pase se haya dado tras la clausura de la conferencia de ministros de Defensa americanos efectuada en Bariloche, dio lugar a especulaciones.

Además, las derivaciones que comienzan a perfilarse por la detención --en la que intervino la DEA-- de Guillermo Cópola, apoderado del astro futbolístico Diego Armando Maradona y estrechamente ligado al círculo del mandatario, aunadas al escándalo del hallazgo de una supuesta aduana paralela, han originado gran preocupación en el ámbito político. Para muchos, al ser intervenida la aduana fusionándola con la Dirección General Impositiva, bajo la dirección de Carlos Silvani, hasta ahora eficiente funcionario del Fondo Monetario Internacional, Menem trata de enviar señales muy especiales a ese organismo y a los requerimientos que llegan desde Washington por el tema corrupción.

Pero también todo el movimiento que se registra podría ``significar que el gobierno trate de adelantarse en el caso de la investigación de Cópola por narcotráfico, para que algunos jueces de su entorno puedan manejar la complicada información que surja de esto'', señaló un analista radial.

El propio vicepresidente Carlos Ruckauf, quien últimamente ha tomado distancia de los temas de corrupción del gobierno, dijo que ``Ramón Hernández (secretario privado de Menem, y ligado a Cópola) no forma parte del gobierno''. Agregó que es necesario investigar hasta el final, porque la ``gente está cansada y descreída cuando hay investigaciones y nadie va preso''.

Esto mismo advirtió la oposición, luego de que se denunció la violación, esta madrugada, de la caja fuerte de Cópola, cuya casa estaba bajo vigilancia desde el allanamiento dispuesto por un juez, hace dos días.

El caso de la aduana tocaba directamente a funcionarios que trabajaron con el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien denunció la presencia de mafias en las estructuras del poder. En respuesta, la movida presidencial fue destapar escándalos que pusieran en situación complicada al denunciante.

Las constantes amenazas contra el fiscal Pablo Lanusse, que investiga el escándalo del oro, tiene también derivaciones, al comprobarse en un documento filtrado a la prensa que la firma Daforel, involucrada también en la venta ilegal de armas a Ecuador y Bosnia habría enviado dinero a la firma Yoma, dirigida por el cuñado del presidente, Emir Yoma, quien para conservar su lugar al lado del mandatario no vaciló en alejarse de su hermana Zulema, ex primera dama. El caso del tráfico de oro también lleva hasta cuentas que un banco estadunidense se niega a revelar y que según algunos implicados, corresponderían a altos funcionarios locales.

Pero el caso Cópola ronda desde hace tiempo al gobierno. Este empresario, protagonista de varios escándalos de drogas a nivel internacional, tenía entrada directa a la residencia presidencial, pero hay expectativa porque aún ``no se sabe a qué le está apuntando la DEA, que está muy detrás de este asunto'', dijo una fuente a La Jornada. Cópola, quien ayer se entregó a la justicia denunciando que los 500 gramos de cocaína hallados en su casa ``fueron puestos por alguien'', está detenido y hasta hoy incomunicado. Ahora, todos los políticos de oposición exigen que el juez Francisco Trovato, acusado de corrupción y a cargo de los juicios más polémicos, como éste, sea alejado de la causa, pues nadie confía en su independencia.

Trovato investigaba a Cópola por el asesinato de su amigo de negocios sucios, Poli Armentano, cuyo crimen no se ha aclardo, ``porque cuando se llega a un cierto punto de la pirámide, que roza a hombres como el secretario privado de la presidencia Ramón Hernández, todo vuelve misteriosamente atrás''.

El diputado socialista Alfredo Bravo y otros legisladores no sólo exigen que se investigue a Trovato por cohechos, dádivas y enriquecimiento ilícito, sino también por ``venta de influencias''.

Pero ahora hay exigencias más fuertes para que la causa de Cópola y la investigación pasen a manos de un ``juzgado realmente independiente''. La cuerda parece demasiado tensa hasta para los juegos del gobierno y del presidente, quien últimamente invoca a Maquiavelo en casi todos sus discursos.